El tercer informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documenta crímenes de lesa humanidad cometidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General de Contrainteligencia Militar. También se establece la grave situación del Arco Minero del Orinoco y de otras zonas del estado Bolívar por la explotación ilegal del oro y la participación de grupos armados violentos.
En el foro Derechos humanos y rendición de cuentas en Venezuela: hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, defensoras de derechos humanos resaltaron la ausencia de protección para los venezolanos y la anuencia de organismos de seguridad del Estado en actividades delictivas que vulneran a la población.
En la reunión, moderada por Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, participaron Eumelys Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana; Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela; Sara Fernández, oficial de incidencia internacional del Cepaz; Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, y Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos.
“Violaciones deben cesar inmediatamente”
Marta Valiñas instó a que las violaciones de los derechos humanos en Venezuela cesen inmediatamente y que se garanticen los cambios institucionales y estructurales necesarios para asegurar la justicia. Agregó que desde el inicio de la Misión de Determinación de los Hechos, los investigadores han documentado patrones y casos individuales que les han permitido evaluar, de forma concreta, cómo se desarrollan esas prácticas y si ha habido progresos o no.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela | Captura / Zoom Webinar
“Estos actos no han cesado, se siguen cometiendo, y no por funcionarios que actúan de forma inconexa o fuera del control de sus superiores, sino que obedecen a una política y una estrategia por parte de autoridades de alto nivel político que emiten sus órdenes y sus instrucciones a las autoridades máximas dentro de estas estructuras”, afirmó la abogada experta en derechos humanos.
Para el tercer informe, los expertos entrevistaron a 88 personas que aportaron información, adicional a las 400 entrevistas que se realizaron para informes anteriores. Incluye las víctimas, familiares de las víctimas, representantes legales, operadores del sistema de justicia y también exfuncionarios de la Dgcim y del Sebin que conocen, a lo interno, las prácticas y cómo se imparten las órdenes. Así, corroboraron y complementaron los datos que habían obtenido con anterioridad.
En Bolívar: tolerancia con criminales
Valiñas, quien trabajó en uno de los equipos de investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, expuso, sobre la situación del Arco Minero del Orinoco y otras partes del estado Bolívar, que documentaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por grupos armados criminales.
En la región, aseguró la investigadora, hay convivencia o tolerancia por las autoridades estatales con relación a actos cometidos por grupos armados criminales que ejercen el control de facto en las minas y en las poblaciones locales. Situaciones que requieren de más investigación.
“Hemos podido documentar algunos casos que demuestran dinámicas de violencia no solo dentro de los grupos armados criminales y el tipo de violencia que ejercen contra las poblaciones locales, sino también las dinámicas entre estos grupos y agentes estatales y miembros al nivel del Estado”, manifestó.
“Esclavitud moderna”
Eumelys Moya, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana, señaló que validaron que hay una situación de esclavitud moderna dinamizada en dos sectores: la explotación laboral y la explotación sexual.
Eumelys Moya, coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, núcleo Guayana | Captura / Zoom Webinar
“Las personas acuden a la región minera inspiradas en un tema de búsqueda de mejoras económicas impulsadas o dinamizadas por la emergencia humanitaria compleja, que hace resurgir una especie de fiebre del oro y que y ciudadanos de Bolívar y de otros estados del país vayan a trabajar en los campamentos mineros”, indicó la abogada.
Las investigaciones permitieron identificar que las jornadas laborales se producen en condiciones infrahumanas y que pueden durar hasta 14 horas diarias.
Niñas, adolescentes y mujeres víctimas
Moya expuso que la explotación sexual afectaba particularmente a niñas, adolescentes y mujeres y advirtió que la situación se ha agudizado y normalizado porque se ve como una salida de las familias a la sobrevivencia y supervivencia. Añadió que se trata de un asunto de contexto y que no tienen la posibilidad de llegar a cualquier población minera y tomar declaraciones de los habitantes o datos porque hay personas que tienen el control del lugar.
Afirmó que en la actividad minera los hombres tienen “especial preferencia” por las adolescentes entre los 12 y 15 años de edad. También se detectaron casos de niñas de 7 y 8 años de edad en condición de explotación sexual. Esos hechos, afirmó la abogada, ocurren con la presunta aquiescencia del Estado porque tienen lugar en plazas y sitios públicos sin que la autoridad intervenga, detenga o sancione.
“No solo es la explotación sexual sino las condiciones conexas. Es un tema de contaminación de aguas, de trabajo forzoso y desproporcionado para mujeres y niños por las condiciones físicas que requiere; el esfuerzo de cargar hasta 60 sacos con material aurífero, que pesan entre 45 y 50 kilos. Han proliferado las enfermedades endémicas como la fiebre amarilla, afectaciones gastrointestinales por bacterias”, dijo.
Población desprotegida y vulnerable
Valiñas considera preocupante que en una zona tan militarizada y con presencia de fuerzas estatales, la población siga estando tan desprotegida y vulnerable ante las acciones de esos grupos armados criminales. Eso incluye a los trabajadores en las minas, miembros de pueblos indígenas. y por otra parte también a personas mayoritariamente mujeres y niñas atrapadas en dinámicas de violencia, como la violencia sexual y de género.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela | Captura / Zoom Webinar
“Hay que seguir investigando y visibilizando hechos que constituyen trata, esclavitud sexual y otras formas se esclavitud. La denuncia de este tipo de violaciones requiere de la presencia continua y la construcción de relaciones de confianza con personas que tengan la capacidad de documentar estos hechos y también direccionar a estar personas algunas medidas de apoyo”, señaló Valiñas.
La próxima semana países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votarán si quieren la renovación del mandato de la misión por dos años más. La abogada dijo que ya han establecido algunos temas que consideran importantes para seguir investigando, como el período de preelección presidencial.
“Es importante seguir prestando atención al espacio democrático y de discusión pública y todas las formas en las que se limita a través de violaciones de derechos humanos, incluso considerando violaciones de la libertad de expresión y de asociación. Eso realmente seguiría siendo una preocupación: cómo se está permitiendo o no el diálogo democrático y qué tipo de intimidaciones siguen contra periodistas y defensores de derechos humanos. Esos serían uno de los temas en los que seguramente la misión se enfocaría”, expuso.
Millones de dólares en contrabando
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, dijo que la operación de los ilícitos en el Arco Minero del Orinoco no es ajena ni es extraña al Estado venezolano. La historiadora afirmó que la inmensa red que funciona en esa zona tiene “conexiones estrechas” con criminales internacionales y muchos actores del alto gobierno.
Puntualizó que alrededor de 70% de la producción anual en la zona, estimada en 2.000 millones de dólares, se va en contrabando pese a que la Constitución y la ley venezolana garantizan que ese dinero debería entrar al Banco Central de Venezuela.
“El Estado venezolano tiene mucha presencia en el Arco Minero del Orinoco. Podemos ver a la Corporación Venezolana de Minería, a cargo del general Carlos Osorio, pero también una larga lista de nuevas empresas llamadas alianzas estratégicas, en donde el Estado tiene mayoría accionaria y presencia física. Pero también la Fuerza Armada Nacional y sus componentes, la Dgcim, el Sebin y las policías municipales y regionales tienen presencia”, afirmó.
Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch | Captura / Zoom Webinar
De Freitas expuso que en las minas consideradas ilegales, desarrolladas con tecnología básica de destrucción del territorio, hay un guardia nacional, una alcabala o un funcionario de la alcaldía o de la gobernación.
Criminales con amplio control
Pero, observó la directora de Transparencia Venezuela, a pesar de esa inmensa presencia y poder del Estado, son las bandas criminales las que tienen el control político, social y cultural.
“Por eso decimos que la relación que se produce entre las redes criminales y el Estado es simbiótica porque si no se ve con claridad y realmente no existe en algunos casos, una separación; el Estado se confunde con la red criminal y los líderes de esa red criminal tienen relaciones con actores del Estado”, dijo.
La historiadora aseguró que cada uno de los líderes se han consolidado en las zonas donde imponen sus normas y que las poblaciones indígenas, mineras o criollas, por razones de sobrevivencia, ahora se consideran parte del complejo sistema que dirigen las bandas criminales.
La misión “es crucial” para juntar evidencias
Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que la renovación de la Misión de Determinación de Hechos es crucial para recolectar evidencia que demuestren las prácticas violatorias de los derechos humanos que las autoridades han cometido en Venezuela. Señaló además que los expertos podrán hacer un monitoreo preventivo ante las elecciones presidenciales previstas para 2024.
“Se trata no solo de estos esfuerzos fuera de Venezuela para conseguir justicia para las víctimas. Sino para generar incentivos para que exista realmente una negociación política porque las autoridades no dan concesiones por gusto ni voluntariamente. Este mecanismo de presión internacional es realmente importante; a su vez, que permitan una negociación que nos lleve a condiciones electorales medianamente razonables”, agregó.