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Derecho a la defensa: Venezuela en el punto de mira | Entrevista a Juan Garantón

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En el marco de nuestra serie de reportajes sobre el derecho a la defensa privada en Venezuela, El Nacional sigue desvelando las múltiples facetas de un sistema judicial que enfrenta serias críticas y acusaciones de parcialidad y corrupción. A través de entrevistas con diversos y reconocidos abogados que lidian con estos retos cotidianamente, buscamos entender cómo las fallas del sistema no solo dejan de proteger, sino que, en muchos casos, obstruyen activamente el ejercicio de uno de los derechos más fundamentales en cualquier sociedad que se precie de democrática

En la continuidad de nuestra serie sobre el derecho a la defensa privada, presentamos al abogado Juan Garantón, un reconocido penalista cuya carrera se ha destacado por su incansable defensa de los derechos humanos y su profundo conocimiento del derecho penal en Venezuela. Garantón es ampliamente respetado por su firmeza y su capacidad para manejar casos complejos que a menudo involucran una significativa tensión política y social.

A lo largo de su carrera, ha sido una voz crítica contra las injusticias del sistema judicial venezolano, defendiendo a aquellos cuyos derechos han sido vulnerados por prácticas judiciales arbitrarias. Su experiencia en el tribunal y su perspectiva analítica le han otorgado una reputación como uno de los abogados más eficaces y dedicados en el ámbito penal del país.

El penalista Garantón comparte con el periódico su visión sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema judicial venezolano, especialmente en lo que respecta a las limitaciones impuestas al derecho a la defensa privada. A través de sus palabras, buscamos entender mejor cómo estos problemas afectan no solo a los individuos directamente involucrados, sino también a la integridad del proceso judicial en su conjunto.

Juan Garantón

En un tono cargado de gravedad y con la precisión de un experto  que conoce bien las profundidades del sistema judicial venezolano,  el abogado penalista Juan Cancio Garantón inicia la entrevista con El Nacional. Lo hace con una declaración contundente que sienta las bases para una  discusión sobre la crisis de los derechos constitucionales en el país.

«El aperitivo es la conculcación del derecho a la defensa porque aquí  se violan todos los derechos constitucionales a diestra y siniestra», afirmó Garantón, destacando la erosión sistemática de las  libertades fundamentales en el país.

Garantón, cuya experiencia en el ámbito penal le ha otorgado un  entendimiento íntimo de las fallas judiciales, no se detiene allí.  Subraya la gravedad de la situación con una metáfora sombría: «Aquí hemos llegado a la implosión de todas las instituciones».

Su  tono es el de un hombre que ha visto cómo las estructuras de justicia y equidad se desmoronan una tras otra, dejando a los  ciudadanos sin ningún recurso fiable.

La desesperanza es tal que Garantón, con un toque de ironía  amarga, menciona un caso emblemático de exclusión política: «No  hay dónde acudir ni siquiera llamar a María, que digo a María  Corina», refiriéndose a María Corina Machado, una figura política  opositora cuya candidatura fue bloqueada. Esta referencia no solo  subraya la manipulación política en Venezuela sino también la falta  de opciones legales y democráticas para el cambio.

 —¿Cuál es la situación actual respecto al derecho a la  defensa de los detenidos en Venezuela?

—Se ha convertido en una inconstitucional costumbre, cercenar a los detenidos relacionados con hechos que tengan interés para el gobierno su derecho a designar abogado de su confianza que los asista dentro del proceso penal. Y ello es la conculcación de modo absoluto al derecho a la defensa que la Constitución considera inviolable en todo Estado y grado de la causa, permitiendo en el proceso penal que el imputado pueda designar hasta tres abogados de su confianza para su defensa.

—¿Cuáles son las implicaciones legales y  constitucionales de esta negación en términos del respeto  al debido proceso y los derechos humanos en Venezuela?

—De aplicarse  debidamente la ley y la constitución en cualquier proceso penal en  el que no se le permita al imputado designar abogado de su  confianza, la consecuencia tendría que ser la nulidad de lo actuado  por la violación del derecho al defensa consagrado en el numeral 1  del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de  Venezuela. Y así debiera ser declarado por cualquier tribunal de la o el Tribunal Supremo de Justicia si conociera por vía de amparo o  apelación.»

—¿Ha tenido alguna experiencia directa o conocimiento de casos en los que se haya denegado el  acceso de abogados privados a los detenidos en Venezuela?  ¿Puede compartir ejemplos concretos y sus consecuencias?

—Esto es una grave situación para los detenidos, que se ha generalizado. La defensora  de derechos humanos Rocío San Miguel y su exesposo, Alejandro  González Cañizales, llevan presos tres meses bajo esta misma  práctica y no se les ha dado su derecho a elegir a sus defensores privados. También se aplica a los detenidos que fueron altos representantes del gobierno, como Tareck El Aissami y Simón Alejandro Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas, a quienes no se les conocen defensores privados.

Inexplicables resultan las razones del gobierno para cometer tal  tropelía. Lo cierto es que se hace de meridiana claridad el abuso de  poder y falta de autonomía del poder judicial. Imagino que para que  los imputados queden absolutamente en manos del gobierno, las  acciones proceden todas para su ejercicio, pero resultan declaradas  sin lugar o no se pronuncian al respecto. Y si un abogado es molesto  por eficiente, perfectamente lo meten preso por obstrucción de la  justicia. En cuanto a las actuaciones en el extranjero ante  organismos internacionales, el gobierno no las toma en  consideración, por lo que desconoce ese tipo de pronunciamientos.

—¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta política por parte del gobierno venezolano? ¿Se trata de una cuestión exclusivamente económica o hay otros motivos  políticos o de control?

—No permitir el acceso a las actas del expediente para mantener reserva absoluta sobre las mismas evitando el conocimiento de la existencia de causas sin soportes legales que las justifiquen . Así como para mostrar poder absoluto sobre el futuro de los encausados al no tener estos acceso a defensa ni asesoramiento de ninguna naturaleza.

—¿Cuáles son las posibles acciones legales que  pueden emprenderse para abordar esta violación de los  derechos de los detenidos y garantizar el acceso a una  defensa legal efectiva en Venezuela?

—En cuanto a las actuaciones en el extranjero ante organismos internacionales, el gobierno no las toma en consideración, por lo que desconoce ese tipo de pronunciamientos.

—¿Qué recomendaciones podría hacer a nivel  nacional e internacional para abordar esta situación y  proteger los derechos de los detenidos en Venezuela?

—Acciones en curso hay muchas  ante diferentes organismos internacionales, incluso ante la Corte  Penal Internacional, y aquí estamos a la espera de pronunciamientos que en alguna oportunidad se hagan efectivos  para la recuperación del estado de derecho y seguridad jurídica.

Hay muchos casos en donde se han logrado medidas a favor de  imputados o ajusticiados y se han quedado cargando con sus  medidas, como el hombre de la emulsión Scott que se quedó  cargando con bacalao. También hay quienes acuden a la justicia  divina y, al parecer, han logrado al menos que el Vaticano anuncie  la pronta santificación de José Gregorio Hernández. En el derecho,  como en la vida, no hay que dejar puerta sin tocar o recurso sin  ejercer.

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