En el marco de nuestra serie de reportajes sobre el derecho a la defensa privada en Venezuela, El Nacional sigue desvelando las múltiples facetas de un sistema judicial que enfrenta serias críticas y acusaciones de parcialidad y corrupción. A través de entrevistas con diversos y reconocidos abogados que lidian con estos retos cotidianamente, buscamos entender cómo las fallas del sistema no solo dejan de proteger, sino que, en muchos casos, obstruyen activamente el ejercicio de uno de los derechos más fundamentales en cualquier sociedad que se precie de democrática
En la continuidad de nuestra serie sobre el derecho a la defensa privada, presentamos al abogado Juan Garantón, un reconocido penalista cuya carrera se ha destacado por su incansable defensa de los derechos humanos y su profundo conocimiento del derecho penal en Venezuela. Garantón es ampliamente respetado por su firmeza y su capacidad para manejar casos complejos que a menudo involucran una significativa tensión política y social.
A lo largo de su carrera, ha sido una voz crítica contra las injusticias del sistema judicial venezolano, defendiendo a aquellos cuyos derechos han sido vulnerados por prácticas judiciales arbitrarias. Su experiencia en el tribunal y su perspectiva analítica le han otorgado una reputación como uno de los abogados más eficaces y dedicados en el ámbito penal del país.
El penalista Garantón comparte con el periódico su visión sobre los desafíos actuales que enfrenta el sistema judicial venezolano, especialmente en lo que respecta a las limitaciones impuestas al derecho a la defensa privada. A través de sus palabras, buscamos entender mejor cómo estos problemas afectan no solo a los individuos directamente involucrados, sino también a la integridad del proceso judicial en su conjunto.
Juan Garantón
En un tono cargado de gravedad y con la precisión de un experto que conoce bien las profundidades del sistema judicial venezolano, el abogado penalista Juan Cancio Garantón inicia la entrevista con El Nacional. Lo hace con una declaración contundente que sienta las bases para una discusión sobre la crisis de los derechos constitucionales en el país.
«El aperitivo es la conculcación del derecho a la defensa porque aquí se violan todos los derechos constitucionales a diestra y siniestra», afirmó Garantón, destacando la erosión sistemática de las libertades fundamentales en el país.
Garantón, cuya experiencia en el ámbito penal le ha otorgado un entendimiento íntimo de las fallas judiciales, no se detiene allí. Subraya la gravedad de la situación con una metáfora sombría: «Aquí hemos llegado a la implosión de todas las instituciones».
Su tono es el de un hombre que ha visto cómo las estructuras de justicia y equidad se desmoronan una tras otra, dejando a los ciudadanos sin ningún recurso fiable.
La desesperanza es tal que Garantón, con un toque de ironía amarga, menciona un caso emblemático de exclusión política: «No hay dónde acudir ni siquiera llamar a María, que digo a María Corina», refiriéndose a María Corina Machado, una figura política opositora cuya candidatura fue bloqueada. Esta referencia no solo subraya la manipulación política en Venezuela sino también la falta de opciones legales y democráticas para el cambio.
—¿Cuál es la situación actual respecto al derecho a la defensa de los detenidos en Venezuela?
—Se ha convertido en una inconstitucional costumbre, cercenar a los detenidos relacionados con hechos que tengan interés para el gobierno su derecho a designar abogado de su confianza que los asista dentro del proceso penal. Y ello es la conculcación de modo absoluto al derecho a la defensa que la Constitución considera inviolable en todo Estado y grado de la causa, permitiendo en el proceso penal que el imputado pueda designar hasta tres abogados de su confianza para su defensa.
—¿Cuáles son las implicaciones legales y constitucionales de esta negación en términos del respeto al debido proceso y los derechos humanos en Venezuela?
—De aplicarse debidamente la ley y la constitución en cualquier proceso penal en el que no se le permita al imputado designar abogado de su confianza, la consecuencia tendría que ser la nulidad de lo actuado por la violación del derecho al defensa consagrado en el numeral 1 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así debiera ser declarado por cualquier tribunal de la o el Tribunal Supremo de Justicia si conociera por vía de amparo o apelación.»
—¿Ha tenido alguna experiencia directa o conocimiento de casos en los que se haya denegado el acceso de abogados privados a los detenidos en Venezuela? ¿Puede compartir ejemplos concretos y sus consecuencias?
—Esto es una grave situación para los detenidos, que se ha generalizado. La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y su exesposo, Alejandro González Cañizales, llevan presos tres meses bajo esta misma práctica y no se les ha dado su derecho a elegir a sus defensores privados. También se aplica a los detenidos que fueron altos representantes del gobierno, como Tareck El Aissami y Simón Alejandro Zerpa, ex ministro de Economía y Finanzas, a quienes no se les conocen defensores privados.
Inexplicables resultan las razones del gobierno para cometer tal tropelía. Lo cierto es que se hace de meridiana claridad el abuso de poder y falta de autonomía del poder judicial. Imagino que para que los imputados queden absolutamente en manos del gobierno, las acciones proceden todas para su ejercicio, pero resultan declaradas sin lugar o no se pronuncian al respecto. Y si un abogado es molesto por eficiente, perfectamente lo meten preso por obstrucción de la justicia. En cuanto a las actuaciones en el extranjero ante organismos internacionales, el gobierno no las toma en consideración, por lo que desconoce ese tipo de pronunciamientos.
—¿Cuáles podrían ser las razones detrás de esta política por parte del gobierno venezolano? ¿Se trata de una cuestión exclusivamente económica o hay otros motivos políticos o de control?
—No permitir el acceso a las actas del expediente para mantener reserva absoluta sobre las mismas evitando el conocimiento de la existencia de causas sin soportes legales que las justifiquen . Así como para mostrar poder absoluto sobre el futuro de los encausados al no tener estos acceso a defensa ni asesoramiento de ninguna naturaleza.
—¿Cuáles son las posibles acciones legales que pueden emprenderse para abordar esta violación de los derechos de los detenidos y garantizar el acceso a una defensa legal efectiva en Venezuela?
—En cuanto a las actuaciones en el extranjero ante organismos internacionales, el gobierno no las toma en consideración, por lo que desconoce ese tipo de pronunciamientos.
—¿Qué recomendaciones podría hacer a nivel nacional e internacional para abordar esta situación y proteger los derechos de los detenidos en Venezuela?
—Acciones en curso hay muchas ante diferentes organismos internacionales, incluso ante la Corte Penal Internacional, y aquí estamos a la espera de pronunciamientos que en alguna oportunidad se hagan efectivos para la recuperación del estado de derecho y seguridad jurídica.
Hay muchos casos en donde se han logrado medidas a favor de imputados o ajusticiados y se han quedado cargando con sus medidas, como el hombre de la emulsión Scott que se quedó cargando con bacalao. También hay quienes acuden a la justicia divina y, al parecer, han logrado al menos que el Vaticano anuncie la pronta santificación de José Gregorio Hernández. En el derecho, como en la vida, no hay que dejar puerta sin tocar o recurso sin ejercer.
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