El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri) condenó “el silencio vergonzante del régimen encabezado por Nicolás Maduro” por la deportación de 16 niños venezolanos, incluido un bebé de pocos meses, y 9 mujeres venezolanas, “el último acto abominable de la política migratoria retrógrada implementada por el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley”.
El Covri criticó el acuerdo tácito del régimen con el gobierno de Trinidad y Tobago para contener la migración venezolana y tolerar deportaciones masivas, incluyendo niños, que “no tiene precedentes en la historia diplomática venezolana y merece todo nuestro repudio”.
“Estos 16 niños junto a 9 mujeres migrantes venezolanas fueron echados al mar en un pequeño bote sin techo, con poca comida y gasolina, a pesar de existir condiciones de tormenta. Aparecieron muchas horas después en el caño La Barra del Delta del Orinoco presentando síntomas de deshidratación. La deportación tuvo lugar antes de que los tribunales competentes de Trinidad y Tobago tuviesen oportunidad de hacer una evaluación de los casos, lo que es contrario a las leyes de ese país. La presión combinada de los medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales, logró el retorno del grupo de niños y mujeres alrededor de 48 horas después a Trinidad y Tobago”, indicó en un comunicado.
“Exigimos la protección de los 16 niños venezolanos y la pronta reunificación con sus familiares al gobierno de Trinidad y Tobago encabezado por el primer ministro Keith Rowley. Asimismo, le exhortamos a evitar nuevas detenciones y/o deportaciones forzosas y temerarias de niños venezolanos. Según la Acnur, el gobierno de Trinidad y Tobago ha expulsado al menos 55 niños venezolanos durante 2020”, afirmó.
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Qué pasó con los niños venezolanos en Trinidad y Tobago
El Covri solicitó al régimen de Nicolás Maduro pronunciarse en términos enérgicos contra tan abominable acto, exigir una investigación y denunciar las deportaciones forzosas y temerarias de niños venezolanos desde Trinidad y Tobago en instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Acnur, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Valoramos positivamente la pronta reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a este caso, así como sus pasadas exhortaciones al gobierno de Trinidad y Tobago para que cumpla sus obligaciones internacionales respecto a los migrantes y refugiados venezolanos; y proponemos que se solicite una discusión urgente de tan grave situación en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA”, agregó.
Dijo que reconoce el impacto de la crisis migratoria venezolana en un país en desarrollo como Trinidad y Tobago. “Existen alrededor de 40.000 venezolanos en las islas gemelas, de los cuales 2.514 son reconocidos como refugiados y 24.169 tienen solicitudes de refugio pendientes según Acnur”, puntualizó.
Detalló que el golfo de Paria se ha convertido en una tumba marítima para los migrantes venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela, la cual se ha visto agravada con la pandemia de covid-19. “La búsqueda de mejores oportunidades de vida en Trinidad y Tobago sigue impulsando a muchos compatriotas a arriesgar la vida en precarias travesías marítimas, siendo además víctimas de mafias de trata de personas que operan entre ambos países”, explicó.
Sin embargo, continuó, el Covri considera equivocada la política migratoria del primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien ha optado por criminalizar a los migrantes venezolanos desde que manifestó que no permitiría que ninguna organización internacional convirtiera a “Trinidad en un campo de refugiados venezolanos” en abril de 2018.
Estigmatización
El Covri rechazó la estigmatización de los migrantes venezolanos y le recordó al gobierno de Trinidad y Tobago que está obligado a proteger plenamente los derechos de los migrantes venezolanos, y en especial personas y niños en necesidad protección internacional.
Recalcó que las deportaciones masivas de refugiados están prohibidas bajo el Derecho Internacional, así como la violación a los principios de no-devolución, confidencialidad, no-penalización, el derecho al debido proceso y las garantías judiciales, y la reunificación familiar. “Esto significa que, bajo la Convención de 1951, el Gobierno de Trinidad y Tobago está obligado a no expulsar o retornar a refugiados bajo ninguna circunstancia a las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad esté en peligro; a no compartir información con su país de origen; y a no imponer sanciones penales por causa de su entrada o presencia ilegales”, advirtió.
“Subrayamos que el caso de Trinidad y Tobago es una anomalía en la región, ya que sigue siendo uno de los pocos países de América Latina y El Caribe que parece haber elegido ignorar los principios fundamentales de protección y no dispone de una legislación nacional sobre personas refugiadas, lo que en la práctica implica que los migrantes venezolanos que solicitan asilo o recibían la condición de refugiado no tienen fácil acceso a muchos de los derechos consagrados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo 1967, de los que Trinidad y Tobago es parte contratante como hemos señalado”, manifestó.
Finalmente, el Covri hizo un llamado de reflexión a las últimas reservas morales que existen en la Fuerza Armada Nacional, “para que presione por la protección de quienes huyen hacia Trinidad y Tobago buscando mejores oportunidades de vida, siendo víctimas de las mafias de tráfico de personas, de un gobierno extranjero que les ultraja y del silencio cómplice de un régimen despótico que no defiende ni sus derechos ni su dignidad”.