La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela anunció que denunciará en organismos internacionales el pacto entre Nicolás Maduro e Irán, que contiene un acuerdo para ceder 1 millón de hectáreas de tierras en suelo venezolano para el cultivo iraní.
«Los profesores que imparten la cátedra de Derecho Constitucional, así como otros profesores de derecho público integrados a sus actividades, reunidos por convocatoria expresa de su jefatura, considera su deber emitir un pronunciamiento de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades», indican los docentes en un comunicado.
Acuerdo para ceder tierras a Irán
Expusieron que «el 28 de julio de 2022 Nicolás Maduro realizó el anuncio sobre la cesión a Irán de un millón de hectáreas de tierras de cultivo, lo cual fue inmediatamente confirmado por el viceministro iraní para asuntos económicos, Mohsen Kousheshtabar. Previamente, el director de la Asociación de Cultivos Transterritoriales de Irán, Ali Rezvanizade, señaló que la cesión se enmarcaba en el acuerdo de cooperación estratégica de 20 años en todas las áreas suscrito, el 10 de junio de 2022, por Nicolás Maduro y su homólogo Ebrahim Raisi, en el palacio Sad Abad de Teherán».
Y añadieron: «Al margen de la violación de todos los parámetros de control sobre las potestades del Poder Ejecutivo en materia internacional, lo que resulta evidente es que la cesión de estas tierras afecta territorios ancestrales de las comunidades autóctonas, ubicados en la zona sur del país y se manifiesta como una flagrante violación del artículo 13 de la Constitución: ‘El territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional».
Esequibo y Arco Minero
En el comunicado de los profesores de la cátedra de Derecho Constitucional de la UCV se considera que esta acción por parte del gobierno de Maduro se concatena con una acción negligente respecto al Esequibo, así como con la creación del Arco Minero.
«La conducta del máximo personero del régimen y de los funcionarios que han apoyado su decisión constituye una secuencia perfecta de la entrega del territorio venezolano del Esequibo, producto de una magna negligencia que solo puede ser calificada como un ‘intencional abandono de la reclamación contra Guyana’; y la creación del Arco Minero del Orinoco, conformado por una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional de 111.843,70 km2 de superficie, afectando algo más de 12% del territorio de la República», señala el texto.
Enfatiza la gravedad de todas esas acciones. «El Arco Minero y ahora la cesión del territorio nacional a Irán constituyen los más arbitrarios y audaces actos de enajenación masiva de la riqueza minera nacional, bajo el antifaz inicial de un convenio de colaboración con una potencia extranjera, como es el caso del Convenio Iraní; o, el teatro de la realización de un acto patriótico, como ha sido la supuesta nacionalización de la explotación y exportación de metales y no metales. Esta inédita política entreguista que se inició desde la firma del convenio petrolero con Cuba, hoy afecta la explotación de material radiactivo como el uranio y el torio, oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita. Además, constituye una fuente de ingresos sustantiva para mantener el régimen en el poder a pesar de que sus ejecutorias reflejan un Estado Fallido», expresa.
Tierras ancestrales
La cátedra llamó la atención en su comunicado en que con las tierras que se pretenden ceder a Irán no solo se trasgrede la integridad territorial sino que se violan los derechos de las comunidades indígenas.
«La mayoría de las instituciones nacionales que han denunciado la entrega del territorio venezolano a Irán lo han hecho desde la perspectiva de la violación de la precitada norma constitucional, lo que evidentemente es una razón suficiente para afirmar el quiebre del principio de soberanía territorial que constituye la base de cualquier Estado. Sin embargo, esta Cátedra de Derecho Constitucional debe agregar, como aspecto sustantivo, la violación de la dogmática de derechos humanos establecida y reforzada por el sistema interamericano de derechos humanos; específicamente, en la temática de los derechos de las comunidades autóctonas que habitan en el vasto territorio entregado por el régimen forajido y fallido que coloca en riesgo de desintegración al propio estado», indica el documento.
Y rescata que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la garantía de respeto de las comunidades autóctonas en cuanto a sus “estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”.
«El otorgamiento indiscriminado de concesiones desconociendo las más elementales normas de preservación del medio ambiente, irrespetando las regulaciones en materia de tierras ancestrales de las comunidades autóctonas y sacrificando la soberanía nacional son algunas señales del irrespeto de los convenios internacionales en la materia, por parte de un régimen entreguista», añade.
Denuncia
La cátedra anunció que procederá a interponer demandas en organismos internacionales.
«Esta cátedra de Derecho Constitucional procederá a denunciar la abierta violación de derechos fundamentales, anteriormente relacionados, ante los órganos competentes de la comunidad internacional; en especial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitando las correspondientes medidas de tutela que se corresponden con la grave situación descrita y el daño inminente por la irregular e inconstitucional cesión del territorio nacional a potencias extranjeras», indicó.
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