La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano llevará ante organismos internacionales las denuncias que, aseguró, está recibiendo sobre el traslado de presos políticos desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo.
«Hemos podido corroborar el traslado a Yare II, Yare III y Rodeo II de 17 prisioneros de conciencia», dijo en Twitter, después de que el miércoles todavía se desconociera el paradero de los presos.
Solórzano reiteró este jueves que los traslados de los presos políticos a cárceles comunes son de «suma gravedad, debido a que las cárceles de Venezuela se cuentan entre las más peligrosas del mundo con 350 asesinados al año».
Hizo especial referencia al centro penitenciario de Yare, del que denunció «la grave situación de insalubridad y la alimentación precaria que padecen los detenidos», y precisó que «la mayoría de los días solo les proporcionan una comida: granos, arroz o pasta sin proteínas».
Además, alertó que Nicolás Maduro les ha negado el tratamiento médico a los presos políticos que presentan graves problemas de salud (…) no se les está suministrando la medicación requerida, con lo cual su situación empeora gravemente».
Algunos de los presos políticos trasladados
Según la oposición, algunos de los trasladados son Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.
También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos, y otros cuatro más, cuyas identidades no fueron brindadas.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, aseguró que en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas con la política.