La ONG Una Ventana a la Libertad denunció este viernes el retardo procesal en el caso de ocho funcionarios de la Policía de Boconó, estado Trujillo, que están detenidos.
Los agentes se mantienen recluidos en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Llevan más de un año a la espera del procedimiento judicial.
Funcionarios de la Policía de Boconó
El retraso se produjo, según la organización, por una petición de avocamiento; es decir, un pedido para que el proceso pasara de los tribunales locales -en Boconó, donde están los detenidos- a un organismo jurídico superior.
Tras la petición de avocamiento, el expediente pasó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.
Los familiares de los detenidos recordaron, según comunicado de la ONG, que Yorman M., Carlos G., Franklin A., Adrián M., Omar G., Jean H., Raisy H. y Katherine Q. llevan un año y cuatro meses tras las rejas.
«Luego de ser presentados en la primera audiencia, en la cual se daban 45 días para esclarecer el hecho», indicó.
Sin beneficio de la «revolución judicial»
La nota señaló que los detenidos no se beneficiaron del plan de la llamada «revolución judicial», que implementó el gobierno venezolano a mediados de junio. Este buscaba reducir el hacinamiento en calabozos policiales.
La ONG explicó que los funcionarios no se beneficiaron debido a que el expediente no estaba en los tribunales locales, sino en Caracas, adonde pasaron las competencias.
Según Una Ventana a la Libertad, los familiares explicaron que uno de los detenidos tiene problemas de salud, pues cuando entró a prisión sufrió un accidente cerebrovascular que lo mantiene en silla de ruedas.
Sin embargo, aclaró que le permiten ir al médico, obtener los medicamentos y las reuniones con su defensa.
«No obstante, solicitan que el proceso se agilice y sean excarcelados. Argumentan que los funcionarios de la Policía de Boconó son la principal fuente de ingreso de sus hogares, y que el delito del cual se les acusa debe ser revisado», añadió la ONG.
Los agentes alegan que fueron acusados injustamente de irregularidades durante el cumplimiento de la cuarentena radical en los comercios, aunque la nota no ofrece más detalles.
La organización sostuvo que el 20 de agosto el TSJ declaró inadmisible el avocamiento, y los familiares solicitaron que el expediente sea devuelto al estado Trujillo, para que se acelere el juicio.