Preocupados por la minería ilegal y sus «repercusiones ambientales», dirigentes indígenas pidieron este viernes «acciones» para proteger el Amazonas, plagado de narcotráfico y grupos guerrilleros.
«Anteriormente vivíamos con el oro al lado y no le dábamos importancia, el medio de sustento era el conuco, la pesca, la agricultura, hoy en día la gente se quiere ir por ese camino de destrucción del ambiente», dijo a la AFP Narcisa Pereira, indígena piaroa, parte de la comisión que acudió a la Defensoría del Pueblo.
«Muchos se han dejado lavar el cerebro con la gente criolla que ha ido a trabajar la minería», señaló.
Grupos de minería ilegal proliferan en el sur de Venezuela, en los estados Bolívar y Amazonas, ricos en oro y otros minerales.
Y las poblaciones indígenas «no se pueden desplazar libremente por sus territorios, los amenazan, los obligan, sobre todo a los jóvenes, a incorporarse en los grupos irregulares armados o a participar en actividades ilícitas como caleteros de los narcotraficantes», denunció Raúl Cubas, coordinador de la ONG Observatorio para la defensa de la vida (Odevida).
«Es un daño estructural»
«Dentro de una misma familia hay gente que se dedica a la minería o a trabajar con los narcos y se están perdiendo las costumbres ancestrales», añadió. «Hace 20 años los jóvenes indígenas seguían las orientaciones de sus padres en el sentido de defender el territorio, el agua, sus costumbres; y hoy eso está colapsado, es un daño estructural».
El 28 de mayo un grupo de indígenas atacó con arcos y flechas un puesto militar en la selva amazónica, en un caso que la Fuerza Armada vinculó a una incautación de materiales para esas actividades irregulares.
Al menos 14 personas fueron detenidas.
Los dirigentes denunciaron un aumento en la zona de enfermedades como cáncer de colon, supuestamente por la contaminación de los ríos con mercurio, y un incremento de la deserción escolar.
«El grupo armado se los lleva a trabajar la minería, hay personas que abandonan a sus hijos para irse con la minería y los niños quedan con sus abuelitos; es muy triste todo eso que está pasando», señaló Pereira.
La Defensoría del Pueblo, de línea oficialista, no ha fijado posición sobre el documento.