ONG y familiares denunciaron este miércoles que a dos militares considerados presos políticos en Venezuela «les sustrajeron» sus medicinas, además de objetos personales, durante una requisa en el centro donde están recluidos, a pesar de que -aseguraron- necesitan los medicamentos para sus respectivos tratamientos médicos.
La abogada Martha Tineo, coordinadora general de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), dijo a EFE que los militares a quienes «les quitaron» las medicinas fueron el teniente coronel Igbert Chaparro y el general Héctor Hernández Da Costa, recluidos en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Caracas.
Para la ONG, este hecho «constituye un gravísimo ataque contra la vida e integridad» de ambos militares, y se «suma a las violaciones a los derechos humanos suficientemente documentadas».
En un vídeo publicado por la organización en X (antes Twitter), Loredana Hernández, hija del general, denunció que a su padre «le sustrajeron, de manera inesperada y violenta, sus medicamentos», que «se los habían dado a propósito de haber sido sometido a dos operaciones de sus ojos en los últimos días».
Señaló que también «le sustrajeron» medicinas y equipos necesarios para su tratamiento de la diabetes y de la hipertensión arterial.
«Hago responsable a las autoridades pertinentes de lo que le pueda pasar a mi padre (…) Le pido al Estado que vele por su salud, que restablezcan sus derechos y, sobre todo, que garanticen su bienestar y su vida», dijo la joven, quien denunció también que al militar le quitaron «fotografías, la Biblia, ropa, apuntes para la elaboración de su nuevo libro y alimentos».
La exdiputada opositora Delsa Solórzano alertó en X del «grave estado de salud» en el que «se encuentra» Hernández Da Costa, luego de que «funcionarios de la Dgcim sustrajeron sus medicinas y objetos personales», entre ellos -señaló- su glucómetro, por lo que pidió «la intervención» de la ONU en este caso.
Por su parte, la familia de Chaparro denunció que el militar, con hipertensión arterial, fue víctima también de «requisas» por parte de «funcionarios encapuchados y armados», quienes le «confiscaron libros, alimentos y medicinas», pese a que «necesita su tratamiento diario».
El pasado 20 de diciembre, el gobierno liberó a diez estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados «presos políticos» a cambio de la libertad en Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del mandatario Nicolás Maduro que enfrentaba una serie de cargos en el país norteamericano por lavado de dinero.
Varias ONG, activistas, defensores de DD.HH. y opositores, si bien celebran estas excarcelaciones, exigen la libertad del resto de los «presos políticos», que superan los 200, según sus registros.
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