Jóvenes defensores de los derechos humanos denunciaron este miércoles que el Senamecf, Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, se negó a atender a Ana Karina Hinestrosa, de 21 años de edad, víctima de violencia doméstica, porque vestía una minifalda.
«Nos sentimos llamados, y en el compromiso como juventud, a rechazar en forma categórica y contundente tales hechos. Estos ponen en riesgo la vida y la integridad de cientos de mujeres jóvenes que bajo el temor a denunciar se autocensuran», indicó la ONG Caleidoscopio Humano.
El 6 de octubre pasado, Hinestrosa acudió al Senamecf para formular una denuncia en contra de su pareja, Eliodino Román Malavé Gómez, de 37 años de edad. El hombre la golpeó brutalmente en dos ocasiones.
La joven temía de regresar a su casa, que está ubicada en el sector La Susanita de Plan de Manzano, parroquia Sucre del municipio Libertador.
Los funcionarios no le permitieron la entrada al recinto a la joven con el alegato de que no estaba correctamente vestida para acudir a la institución.
«Al negar asistencia a una víctima los funcionarios del organismo están violando lo establecido en los artículos 2, 3, 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre De Violencia», denunció la ONG.
Hinestrosa explicó que acudió al centro con la única ropa que tenía disponible, pues el resto de sus pertenencias se encontraba en su casa.
“Si uno es víctima de un ataque y no lo atienden porque se viene en una falda, es una discriminación. Tendré que ir a buscar la ropa en la misma casa donde me atacaron. Estoy en peligro y por eso vine acá, para denunciar algo que me había pasado. No vine para que me juzgaran por la ropa que uso”, manifestó Hinestrosa.
La joven intentó cubrirse las piernas con un suéter, pero aun así los funcionarios insistieron en que debía colocarse un pantalón. Al no conseguir quien le prestara la vestimenta adecuada, Hinestrosa se retiró del Senamecf sin formular la denuncia.
«Los hechos ocurridos, la acción de los organismos y los alegatos que estos presentan demuestran la poca disposición a fortalecer las garantías para el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales en Venezuela», resaltó la ONG.