El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la custodia de las personas privadas de libertad está en manos de efectivos opresores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin la capacitación adecuada.
Esto conlleva a que las personas detenidas y sus familiares sean víctimas de abuso y negligencia; se les niega información de los presos políticos; se les suspendan visitas; sufren requisas violentas, y se cobra por el paso de alimentos, entre otras acciones.
«El Estado venezolano sigue incumpliendo con la transferencia real de la custodia penitenciaria de la Dgcim y el Sebin al Ministerio para el Servicio Penitenciario, lo que evidencia la falta de voluntad política y la incapacidad institucional para garantizar una verdadera reforma en el sistema de reclusión», señaló el OVP en un comunicado.
Destacaron que la Asamblea Nacional tampoco termina de aprobar un reglamento específico que desarrolle o complemente las disposiciones del Código Orgánico Penitenciario: esto deja a las instituciones sin un marco legal claro y consistente para su funcionamiento.
«El ministro del Servicio Penitenciario es una figura decorativa, sin poder real para cambiar las condiciones del sistema», añadió la organización.
El decreto que nunca se ejecutó
El 12 de mayo de 2021, mediante el decreto presidencial N.º 4.510, se ordenó a la Dgcim y al Sebin transferir las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Pero esto no se concretó.
El hecho de que la custodia no se haya trasladado al Ministerio subraya «las dificultades del Estado venezolano para garantizar el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho».
«En la práctica se quedó solo en los papeles, sin cambios reales, porque el control de la custodia jamás quedó totalmente a cargo del Min-Penitenciario. Mientras tanto, el clima de represión y temor persiste, poniendo en riesgo a miles de ciudadanos y dejando en entredicho la efectividad de las instituciones democráticas del país», advirtió la OVP.
El decreto, presentado como una respuesta a las denuncias de abusos contra presos políticos, solo sirvió como una cortina de humo para evadir las responsabilidades ante organismos internacionales y perpetuar la opresión, denunciaron.
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