La organización no gubernamental VE sin Filtro dijo que es urgente que Venezuela implemente leyes y procesos que garanticen la protección de los datos personales de los ciudadanos. Señaló que esto es cada vez más crucial a medida de que el gobierno y las empresas privadas acumulan más información confidencial.
Destacó que los derechos de las personas a poseer y administrar sus datos personales están consagrados en el derecho internacional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A pesar de la ausencia de esta legislación en Venezuela, recordó que la Constitución articula en su artículo 60 que toda persona tiene derecho a la protección de su honra, vida privada, intimidad, imagen, confidencialidad y reputación.
«El derecho a la privacidad incluye la protección de los datos personales», señaló la ONG.
«Frente a la ausencia de un marco jurídico y de normas que protejan los datos personales y el desinterés por parte de los entes públicos y algunas empresas en hacer uso responsable de estos datos, cada ciudadano necesita tomar en sus propias manos la protección de la información, tanto como sea posible», dijo.
Cédula, número y dirección
Asimismo, advirtió sobre el peligro de que los datos personales queden expuestos o se usen sin consentimiento, principalmente al pagar impuestos, usar servicios digitales o hacer compras. La preocupación central de la organización se debe a que la información pueda venderse o caer en manos de terceros.
Puntualizó que algunos de los datos que frecuentemente se solicitan son la cédula de identidad, el número de contacto y la dirección de domicilio. «Dependiendo del caso, hay información mucho más sensible que podría estar siendo recolectada, procesada y compartida. Es un derecho conocer, antes de dar esa información personal, qué se está guardando, cómo se va a utilizar y con quién se va a compartir», señaló la ONG.
En 2022, VE sin Filtro informó sobre el aparato de vigilancia masiva de las telecomunicaciones en Venezuela, revelado por Telefónica, matriz de Movistar. El informe de transparencia reveló que más de 20% de las líneas de Movistar fueron interceptadas en 2021, y se compartieron metadatos de 13%. También se descubrió que organismos estatales sin autorización judicial pudieron acceder a datos personales.
Recordó que en julio de 2023, el Banco de Venezuela sufrió el ataque de Lockbit. A pesar de la gravedad del incidente, la entidad negó el hecho. Tras su decisión de no pagar el rescate, la banda criminal filtró un volumen sustancial de datos de los servidores.