El gremio docente levantó su voz de protesta ante la persecución contra los docentes y dirigentes sindicales en Venezuela. Exigen juicio transparente para Robert Franco.
Destacaron que hoy en el país hay dos profesores presos como son Javier Tarazona y Robert Franco. Este última víctima de un juicio amañado y eterno siendo obligado a permanecer tras las rejas casi tres años.
Afirman que este caso, junto a los seis luchadores sociales condenados a 16 años de prisión, es una política de Estado que ve a los trabajadores que exigen mejoras salariales como criminales. Así declaró Gricelda Sánchez, dirigente sindical nacional del magisterio y Presidente de la Asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi).
Explicó que el profesor Robert Franco ha sido sometido a un ilegal e interminable juicio, al ser acusado injustamente de terrorismo sin ninguna prueba.
«Él no es cualquier maestro, sino el secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela seccional Carúpano-Paria», dijo.
Agregó que se destacó «siendo pilar como líder sindical de los reclamos del gremio en toda la región oriental».
«Exigiendo no más salarios de hambre para los empleados públicos. Consideramos aberrante lo que ocurre en Venezuela con los maestros, son casi ya tres años de prisión para este humilde colega”, exclamó.
Sánchez resaltó que durante el eterno juicio la fiscalía no ha presentado ninguna prueba que sirva de sustento para mantenerlo preso. Por este motivo, afirmó, esto es una represalia directamente del gobierno de Maduro contra el gremio de educadores, que ha estado en las calles masivamente clamando un salario digno.
«Lo ocurrido con Robert Franco y los seis luchadores condenados a 16 años de prisión es una escalada de criminalización de la protesta sindical venezolana. Es así como tapan con represión la fuerza de los trabajadores quienes protestamos los sueldos de hambre impuesto como política de Estado».
Sánchez exige la libertad plena de los profesores Javier Tarazona y Robert Franco; así como de los luchadores sociales sentenciados injustamente.
Exigen respuestas
«Le pedimos a Volker Turk que, como Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, interceda ante los cuerpos de seguridad del estado venezolano», dijo. Esto, con el fin de lograr la pronta liberación de todos los dirigentes y defensores de DD HH presos.
A su juicio, los casos son prueba fehaciente de la persecución sistemática a la cual son sometidos la dirigencia sindical en Venezuela. «Para ellos es terrorista exigir condiciones laborales, salarios justos y defender la constitución».
El proceso ha sido totalmente viciado
Por su parte Rosmar Franco, hermana del líder sindical preso, relató que han vivido la pesadilla de 97 audiencias. En ellas solo muestran pruebas falsas y su familiar sigue injustamente detenido.
«En siete oportunidades se ha interrumpido el juicio, dos de ellas ya en acto conclusivo», dijo.
Aseguró que, incluso el fiscal Farid Karin Mora el año pasado, le dijo a Robert Franco que asumiera el delito de intento de homicidio frustrado contra Tarek William Saab.
«Algo imposible porque mi hermano el único delito que cometió es defender a los docentes del estado Sucre», declaró Rosmar entre lágrimas.