Frente a las medidas implementadas por parte de las autoridades de Colombia para impedir el ingreso irregular de migrantes venezolanos y la alerta emitida por la comunidad en relación al “uso excesivo de la fuerza, que ha llevado a voltear las canoas que transportan a esta población”, durante los operativos desarrollados en la semana de flexibilización de la cuarentena en Venezuela, en medio de las restricciones por la pandemia, el Servicio Jesuita a Refugiados América Latina y el Caribe (JRS LAC), rechaza las acciones que van en detrimento de la dignidad humana y de la protección de los derechos fundamentales de la población migrante y refugiada.
En esta línea, insta a las autoridades colombianas y de la región a implementar medidas integrales para la protección de la vida y de los derechos humanos de toda persona, indistintamente de su nacionalidad y condición migratoria, con especial atención en zonas de frontera, según una nota de prensa.
Destaca la necesidad de aplicar los mecanismos de protección de los derechos humanos, que ha ratificado, con particular atención en la garantía de acceso al territorio y al mecanismo para la determinación de la condición de refugiado, incluida la Declaración de Cartagena.
Colombia debe proteger derechos de migrantes venezolanos
La frontera colombo-venezolana es una frontera viva, atravesada por una cultura compartida que se yuxtapone a la línea limítrofe de los Estados. Desde el reconocimiento de este tejido binacional, invitamos a respetar estas dinámicas y promoverlas en el relacionamiento mutuo de los Estados, para proteger esa interacción natural, cultural e histórica, que representa la identidad en los habitantes de la región fronteriza.
Asimismo, se invita a todos los hombres y mujeres de frontera a promover una cultura de la hospitalidad, anclada en la memoria histórica de un pasado de convivencia e integración, superando las heridas y encontrándonos desde la reconciliación y las prácticas que fomentan una sana convivencia.