El equipo legal de la activista Rocío San Migue denunció este miércoles el allanamiento de la vivienda de la también abogada.
«Tememos que pudieran estar sembrando evidencias», dijo la defensa de la activista, presidenta de la ONG Control Ciudadano, que denunció que el allanamiento se llevó a cabo a partir de las 18.55 hora local (22.55 GMT).
Señaló que en el lugar se encontraba Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista, quien también fue detenida, aunque posteriormente excarcelada con «prohibición de salida del país» y «de declarar a los medios», junto con otros tres allegados de la defensora de derechos humanos, entre ellos dos hermanos.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, en prisión preventiva. La fiscalía le imputó los delitos de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración» tras vincularla con un supuesto complot para asesinar a Nicolás Maduro.
El gobierno, que denuncia planes conspirativos con frecuencia, describió el supuesto plan, denominado «Brazalete blanco», como una operación para atacar una base militar y posteriormente matar a Maduro.
La defensa de San Miguel, que en 2014 fue señalada por el propio Maduro de participar en un «alzamiento militar», denunció que se trata de una «desaparición forzada», que se trasladó a cinco familiares, incluidos dos hermanos, su hija y el padre de la joven, que fueron excarcelados con libertad condicional.
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