La ONG Provea informó este martes que recibió reportes provenientes del estado Amazonas que señalan el presunto asesinato de cuatro indígenas yanomamis. Ello aparentemente a manos de militares en el sector Parima B del Alto Orinoco. Entre las víctimas se encuentra una mujer.
«Según la información suministrada por fuentes confiables, el domingo, 20 de marzo, se produjo un enfrentamiento entre indígenas yanomamis y efectivos militares adscritos a la Base de Seguridad Fronteriza de Parima B», señaló Provea.
Añadió que durante los hechos también resultó herido un indígena yanomami de 16 años de edad. Este fue trasladado al hospital José Gregorio Hernández en Puerto Ayacucho
Indicó que se conoce que la Defensoría del Pueblo de Amazonas abrió un expediente para investigar los hechos, y que una comisión del Ministerio Público y de la Zodi Amazonas se trasladaron al sector Parima B.
Masacre de Haximú
«Instamos a las autoridades a esclarecer urgentemente los hechos y establecer las responsabilidades a que hubiera lugar, con estricto apego a los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acuerdo amistoso suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de la Masacre de Haximú», instó Provea.
Añadió que luego de la Masacre de Haximú, en 1993, el Estado venezolano se comprometió a suscribir un acuerdo con el gobierno de Brasil para establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto para monitorear y controlar la minería ilegal en territorios yanomami.
«Pero actualmente las tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en Bolívar y Amazonas, que ha sido atizado por el megaproyecto Arco Minero del Orinoco», denunció.
También mencionó que en 2021 la ONG recibió reportes de las comunidades indígenas fronterizas con Brasil sobre el aumento de la presencia de mineros ilegales armados y la complicidad de militares venezolanos con estas agrupaciones.
«Desde 2013 Provea ha insistido permanentemente en los graves riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin un enfoque multidimensional de respeto y protección a los modos de vida y costumbres de estos pueblos», manifestó.