El equipo de defensa de Roland Carreño, detenido desde hace casi tres años, abandonó este jueves la Audiencia de Apertura de Juicio, por tercera vez, contra el periodista debido a que el tribunal se negó a hacer un evento público, tal y como lo dicta la Constitución de Venezuela.
Así lo denunció el abogado Joel García en un video compartido en X, antes Twitter, en el que aseguró que familiares y amigos del periodista se encontraban presentes desde la mañana a la espera de la audiencia y se les negó el acceso a la sala.
«Se está violando el principio de publicidad y la defensa representada por nosotros no vamos a convalidar ese vicio», expresó en el audiovisual.
García advirtió que, en consecuencia de esta decisión, el tribunal podría nombrar una defensa pública a Roland Carreño.
La abogada Ana Leonor Acosta, miembro del equipo defensor de Carreño, denunció también en X las irregularidades presentadas en tribunal y reiteró que no las convalidarán.
«Después de 8 hora y 30 minutos de espera para iniciar la audiencia, el Tribunal pretendía hacer una audiencia sin permitir la entrada del público. Ante la negativa de hacer una audiencia pública como establece la constitución, la defensa se retira de la Sala. La defensa no va a convalidar irregularidades en el juicio».
Agregó que el periodista tiene 2 años y 11 meses sin un juicio justo.
Esta nueva apertura de juicio ocurre dos meses después de la interrupción del proceso judicial por la modificación de la competencia del Tribunal Tercero de Caracas con competencia en terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera.
Carreño fue detenido el 26 de octubre de 2020 en «flagrancia» cuando, supuestamente, portaba armas para «promover acciones violentas», y se le imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.
Posteriormente, su defensa informó que también fue acusado de «asociación para delinquir».
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó entonces que Carreño era el «principal» financiador de VP y que en el momento de su detención llevaba consigo 12.000 dólares en efectivo, y que, además, hallaron en su celular conversaciones que demostraban el reparto de otros 60.000 dólares para actos de «conspiración».
Piden la excarcelación de Roland Carreño
El pasado mes de julio, opositores y organizaciones no gubernamentales pidieron la excarcelación de Roland Carreño, luego de que cumpliera 1.000 días en prisión.
«Carreño cumple 1.000 días detenido por un régimen criminal que lo secuestró y encarceló por razones políticas, basándose en mentiras y falsas evidencias. Roland es inocente y está preso por luchar por una Venezuela libre (…) 1.000 días en prisión injusta es inhumano». Así lo expresó el partido Voluntad Popular (VP), en el que milita el periodista.
A través de X, la formación denunció que el juicio del caso «ha estado viciado, lleno de incongruencias y falsedades» y se ha retrasado en varias ocasiones, lo que perjudica al detenido, acusado de financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra.
La denuncia de VP ha sido respaldada en las redes sociales por numerosos opositores y varias ONG, entre las que destaca la llamada Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia que exigió la libertad del periodista y respetar al debido proceso, es decir, acabar con el retardo procesal.
«Estar preso es un auténtico tormento para el hombre, estar preso en Venezuela es un verdadero suplicio, pero estar preso en Venezuela siendo absolutamente inocente es una pesadilla indescriptible», sostuvo la organización, citando una declaración de Carreño.
Asimismo, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reiteró que el periodista ha sido «injustamente privado de libertad» y «no merece estar preso».
«Su injusta privación de libertad y las irregularidades en su causa penal evidencian el incumplimiento de las garantías al debido proceso y el funcionamiento de las instituciones públicas al servicio del poder», agregó la organización que defiende la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales en el país.