El régimen de Nicolás Maduro cada vez está más aislado internacionalmente. Decenas de países denunciaron este jueves la violación a los derechos humanos en Venezuela durante el debate interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en relación con el informe documentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos.
En el diálogo, Paraguay, España, Austria, Georgia, Eslovaquia, Dinamarca, Reino Unido, Polonia, Nueva Zelanda, Albania, Perú, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Suiza, República Checa, Japón, Australia, entre otros, expresaron su preocupación por las torturas que se cometen en el país y por la situación humanitaria.
“La situación en Venezuela que describe el informe nos recuerda las trágicas consecuencias que tienen lugar cuando la población civil queda desprotegida frente a regímenes autoritarios (…) El informe confirma un ataque sistemático y generalizado del régimen contra la población civil”, expresó la representante de Colombia, quien advirtió que es imperativo que estas acciones del régimen sean investigadas.
“Cada párrafo de su informe es sobrio y fáctico. Alcanza conclusiones categóricas. Desde 2014 se constatan violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela a manos de funcionarios públicos, agentes del orden y autoridades de todo nivel, hasta el escalón más alto”, afirmó por su parte la vocera de Perú.
Para Reino Unido, al igual que los países que manifestaron su rechazo a los abusos en Venezuela, es necesario que se renueve el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que documentó los crímenes de Maduro y sus ministros.
“Acogemos con beneplácito la reciente actualización de la alta comisionada (Michelle Bachelet) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Felicitamos a la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU por su informe y apoyamos la renovación de su mandato”, dijo.
En el diálogo también participó un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien subrayó que en Venezuela hay una crisis institucional por la interferencia del Poder Ejecutivo en otras ramas del Estado, la prolongación del Estado de excepción, la suspensión de las competencias de la Asamblea Nacional, la falta de independencia judicial, la extralimitación de funciones de la asamblea nacional constituyente y la ausencia de garantías para que se realicen elecciones transparentes.
“(Estos aspectos) evidencian una alteración del orden constitucional. Para la CIDH esta situación ha derivado en la ausencia de un Estado de derecho y ha profundizado la crisis de los derechos humanos del país”, explicó.
Francisco Cox, miembro de la Misión, indicó que esperan que las recomendaciones del informe se conviertan en una mejoría. Pidió particularmente al Poder Judicial y al Ministerio Público hacer investigaciones de manera imparcial. Asimismo llamó a la Corte Penal Internacional a tener en cuenta la justicia para las víctimas.