Diversas organizaciones internacionales han denunciado en reiteradas ocasiones que pese a su alto valor ecológico y ser cuna de más de 25 comunidades indígenas, la cuenca del Orinoco venezolano se ha convertido en los últimos años en una de las áreas naturales más amenazadas del planeta.
«El ecocidio en la Orinoquía venezolana, impulsado por la política del Arco Minero del régimen de Nicolás Maduro, ya es la destrucción ambiental más grave y que avanza a mayor velocidad de todas las Américas, con un ritmo de pérdida de bosque prístino de 170% anual», denunció Cristina Burelli, directora de la organización SOS Orinoco, en una entrevista para el diario El Confidencial.
Una de las principales amenazas que se ciernen sobre la cuenca del Orinoco venezolano es el rápido e incontrolado aumento de la actividad minera en la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Y es que este terreno de alrededor de 111.000 kilómetros cuadrados no solo acoge varios parques nacionales y áreas protegidas, también posee grandes reservas de oro, cobre, diamantes, coltán o bauxita, entre otros minerales de alto valor y gran demanda de mercado.
El AMO fue creado por el gobierno venezolano en 2016 para regular y ordenar el aprovechamiento de esta fuente de riqueza en la región, después de que en 2011 el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizase la industria minera y declarase que todo el oro extraído en Venezuela era propiedad del Estado. Sin embargo, esto ha traído consecuencias nefastas tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales.
El oro se extrae mediante la amalgamación con mercurio, el cual es liberado posteriormente como residuo en el cauce del río. Este residuo de alta toxicidad envenena todo el ecosistema y acaba incorporándose a la cadena trófica, provocando una alta mortandad de seres vivos, incluidas las comunidades locales que se abastecen de sus aguas. Además, las explotaciones ocupan tierras de los indígenas, que son expulsados o directamente masacrados.
Un informe presentado el año pasado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) denunció que el alto impacto ambiental y social que está causando el AMO en la cuenca venezolana del Orinoco ha despertado ahora la preocupación internacional.
«El uso indiscriminado e ilegal de mercurio y las prácticas violentas de los grupos armados organizados, incluyendo las guerrillas colombianas, que en sociedad con autoridad civiles y militares venezolanas controlan las minas, suponen una grave violación de los derechos humanos de los habitantes autóctonos del sur de Venezuela», indicó Burelli.
La explotación desmesurada en la cuenca del Orinoco se extendió más allá de los límites originales del AMO en 2020, cuando Maduro anunció la incorporación de seis nuevos ríos a la zona en la que se permite la minería del oro.
La organización SOS Orinoco impulsa una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma Change.org para que la Unesco incorpore al Parque Nacional Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que tome consciencia de esta situación tan dramática y le pida al régimen de Maduro que detenga su política minera y responsabilice a su gobierno de los abusos humanos y ambientales que están perpetrando», manifestó Burelli.