La operación Tun Tun, cuyo nombre procede de un popular aguinaldo, resurgió luego de las elecciones presidenciales. Los cuerpos de seguridad de Venezuela retomaron patrones represivos de 2017. La Misión independiente de la ONU para Venezuela lo explica en su más reciente informe, publicado íntegro el martes 15 de octubre: “Una mujer, cuya familia vivió uno de estos operativos explicó que el ‘Tun Tun es que van a las casas, tocan, y si no abren te tumban allí (la puerta) y se llevan a la persona y no dicen absolutamente nada’. Otra narró que los cuerpos de seguridad ‘llegaron apartamento por apartamento, dando cachazos a las puertas para que abrieran las personas’”.
La Misión de la ONU indica que “la detención de las personas en el marco de esta operación” se da solo por el “hecho de haber manifestado su descontento con el resultado electoral en videos o mensajes difundidos a través de las redes o de aplicaciones de mensajería instantánea». Las autoridades calificaron estas conductas como actos de terrorismo y odio.
Según la Misión, “el elevado número de detenciones en los tres primeros días de las protestas poselectorales está relacionado, en buena medida, con el hecho de que los cuerpos de seguridad detuvieron manifestantes durante las protestas o muy poco después de que estas fueran disueltas. En ocasiones, las personas ni siquiera llegaron a participar en actos de protesta y fueron detenidas cuando se encontraban en sus alrededores o en lugares más distantes”.
Asimismo muchas personas fueron detenidas semanas después de que las protestas hubiesen tenido lugar: “Estas detenciones se produjeron en las viviendas de las víctimas, a las que sacaban con amenazas expresas o veladas, con desproporcionados contingentes de agentes de cuerpos de seguridad, o incluso por la fuerza. En varios casos, también se llevaron a cabo detenciones en el aeropuerto de la capital”.
¿Qué dice el informe de la Misión de la ONU sobre la operación Tun Tun?
La Misión documentó cuatro casos en los que se empleó la tortura física y psicológica “para forzar a las personas detenidas, especialmente niños y jóvenes, a que grabaran videos admitiendo haber recibido dinero de parte de la oposición para participar en protestas violentas y destrucción de bienes públicos y privados”.
En otros cinco casos, a las personas detenidas se les recomendó admitir los cargos para beneficiarse de penas menos severas y beneficios procesales: “Se amenazó a las personas procesadas de que, de no asumir los crímenes, terminarían ‘pudriéndose en una prisión’, asegurando que no podrían demostrar su inocencia en juicio”.
En otro caso, se documentó que un niño detenido y su familiar fueron obligados a firmar un documento después de la audiencia preliminar sin que se les permitiera leerlo.
La Misión destaca que varios cuerpos de seguridad del Estado difundieron sus operativos de detención desde sus cuentas en redes sociales. “Lo han hecho, tanto para mostrar resultados, como para generar un efecto amenazante y disuasivo en quienes protestan o critican los resultados electorales o las posiciones del gobierno”, explica.
“La Misión también documentó casos de detenciones de personas que habían sido previamente fotografiadas o filmadas por agentes de cuerpos de seguridad e incluso colectivos”, indica.
“En un caso investigado por la Misión, dos hombres fueron detenidos arbitrariamente el 30 de julio tras haber sido fotografiados por un miembro de un colectivo cuando acudieron a un centro de salud para tratar a uno de ellos herido en una protesta”, agrega.
Más de 1.000 detenidos tras protestas contra resultado de las presidenciales. Foto EFE/ Ronald Peña
Los detenidos
La Misión de la ONU documentó la detención de 66 miembros y dirigentes (incluyendo nueve mujeres) de varios partidos y agrupaciones políticas de oposición.
Documentó asimismo la detención de al menos seis personas defensoras de derechos humanos y activistas entre el 2 y el 4 de agosto.
También fueron detenidos 10 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Las detenciones incluyeron a 7 hombres y 3 mujeres. “Además de las detenciones arbitrarias, la Misión documentó amenazas de detención y descalificaciones difamatorias contra periodistas de parte de varias autoridades”, puntualiza.
La Misión documentó la detención de al menos siete funcionarios públicos, de 15 personas pertenecientes a los pueblos indígenas y de estudiantes y profesores universitarios.
La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la VERDAD, y la verdad es que @EdmundoGU es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio.
Seguimos luchando hasta el final junto @MariaCorinaYA 🇻🇪 pic.twitter.com/3eU9mZzsd0
— María Oropeza (@mariaoropeza94) August 6, 2024
El caso de María Oropeza, otra víctima de la operación Tun Tun
María Oropeza fue detenida arbitrariamente en su vivienda por una comisión de la Dgcim y de la PNB el 6 de agosto. Fue la coordinadora regional del Comando Nacional de Campaña de Edmundo Gonzalez en Portuguesa.
A las 6:30 pm, Oropeza difundió un video en sus redes sociales advirtiendo que el gobierno ejecutaba la operación Tun Tun en contra de líderes políticos y los que participaron en manifestaciones posteriores a las elecciones. Ese día, a las 9:00 pm, los agentes de seguridad se presentaron en su casa ubicada en Guanare. Oropeza filmó la llegada de los funcionarios antes de su detención.
La madre de María Oropeza inició ese mismo día un periplo por distintas dependencias en búsqueda de su hija.
“El 8 de agosto, la Dgcim publicó en sus redes sociales un video sobre la Operación Tun Tun, en el cual se utilizan las imágenes de la detención de Oropeza y del allanamiento de su vivienda. El video, editado por la propia Dgcim, incluye música e imágenes de película de terror con escenas de la detención y el allanamiento. También incorpora imágenes de María Oropeza, incluida una saliendo de una avioneta esposada por agentes de la Dgcim, y otra saliendo con el rostro cubierto de una camioneta, en la que también se encontraba esposada y escoltada por agentes de la Dgcim. La escena del traslado en avioneta llevó a los familiares de Oropeza a la conclusión de que la habían trasladado a Caracas y decidieron buscarla allí”.
El 9 de agosto un funcionario de El Helicoide les informó que Oropeza estaba detenida en ese sitio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de María Oropeza el 10 de agosto.
“La Misión considera que la detención de Oropeza encaja en un patrón identificado anteriormente de detener personas opositoras o percibidas como tales por ejercer su libertad de expresión. En el caso de Oropeza, la Misión observa que fue detenida después de haber difundido un video en sus redes sociales en el que indicó que el Gobierno estaba ejecutando una operación de persecución a opositores políticos, llamada operación Tun Tun”.
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