El gobierno de Nicolás Maduro no asume que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad e insiste en que solo han ocurrido excesos cometidos por individualidades, las cuales asegura estar investigando. Pero esos argumentos no convencen a la Corte Penal Internacional (CPI).
La Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) se opuso recientemente a la solicitud presentada por Caracas en julio ante la Sala de Apelaciones del juzgado en la que solicita el fin de las investigaciones.
La organización Acceso a la Justicia informó que el escrito de la Oficina tiene 37 páginas y en él se pide a la Sala que desestime el recurso venezolano en su totalidad, tras refutar cada uno de los seis motivos esgrimidos por el gobierno para cuestionar la legalidad de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que en junio dio luz verde al fiscal Karim Khan para reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país.
La instancia no halló motivos para considerar que la reactivación de las investigaciones por parte de la Fiscalía haya supuesto de hecho o derecho una violación a las disposiciones del Estatuto de Roma y de los procedimientos que regulan a la Corte, como en cambio alegó el gobierno venezolano, explica la organización Acceso a la Justicia.
«El número limitado de casos presentados por Venezuela ya proporciona una fuerte indicación de la ausencia de investigaciones internas pertinentes», dice el documento de la oficina de la CPI, lo cual, según la ONG, «deja en claro que no hay complementariedad de la justicia venezolana respecto de la CPI».
Así, de acuerdo con el principio de complementariedad, los organismos judiciales internacionales como la CPI solo pueden actuar cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos.
La Corte insiste en que el fiscal desea investigar los hechos ocurridos al menos desde abril de 2017, aunque hay casos que reflejan violaciones de los derechos ocurridas desde 2014.
La OPCV declaró no justificados los argumentos del Estado venezolano de que la Fiscalía solo se limitará a indagar sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, por cuanto en comunicaciones le ha pedido información sobre otros casos anteriores.
La organización Acceso a la Justicia ha seguido de cerca las actuaciones de la CPI en el caso venezolano.
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