El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó a comparecer para este miércoles 20 de noviembre ante la sede del organismo en Caracas a Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), debido a una investigación que realiza el Cicpc, delegación San Cristóbal, estado Táchira, por la supuesta «comisión de un delito contemplado en la Ley Contra el Odio».
«Esta situación se produce en medio de una vertiginosa escalada de abusos registrada con posterioridad a los comicios del pasado 28 de julio y de nuevos actos de hostigamiento y amenazas encabezadas por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, contra personas y organizaciones que solicitaron una investigación imparcial sobre las circunstancias que rodearon la muerte del Sr. Edwin Santos en el estado Apure«, aseveró Provea en una nota de prensa.
La ONG aseguró que la boleta de citación carece de elementos formales que comprometen su validez conforme a lo previsto en la Constitución nacional y la legislación vigente en el país. Además, no aclara el origen y fundamento de la supuesta investigación que hace el Cicpc, ni la cualidad procesal bajo la cual deberá comparecer el también profesor universitario.
«Toda citación, para ser válida, forzosamente debe cumplir con estrictos requisitos de forma y de fondo para asegurar su legitimidad y efectividad, en cualquier proceso judicial o administrativo, con el propósito constitucional de garantizar el respeto al debido proceso. En el caso de la “citación” enviada a nuestro Coordinador General, esta carece de información sobre la ciudad y fecha de emisión de la boleta. Además, no posee identificación numérica, según la nomenclatura interna de la delegación policial que la emitió. Asimismo, en el documento no está identificado el funcionario legitimado para firmar la citación, con su nombre y cargo. Tampoco posee la firma del mismo».
La ONG observa que en ninguna parte de la citación se indica que se trate de una investigación iniciada por el Ministerio Público, como autoridad competente y ente rector del proceso penal en Venezuela, y tampoco señala que el citado tiene derecho a ser asistido por un abogado en todo estado y grado de la investigación y de proceso, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución nacional.
«El fundamento legal de la presunta citación, comienza con el artículo 238 del Código Penal, que textualmente dice: ‘Todo individuo que llamado por la autoridad judicial en calidad de testigo, experto, médico, cirujano o intérprete, se excuse de comparecer sin motivo justificado, será castigado con prisión de quince días a tres meses…’ Este artículo se refiere a la comparecencia ante ‘la autoridad judicial en calidad de’. Es decir, este artículo se refiere a la comparecencia ante un juez. El Cicpc no es una autoridad judicial, es -de conformidad con el Decreto con Rango, Fuerza y Valor de Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas- ‘un órgano de investigación penal al servicio exclusivo de los intereses del Estado y en ningún caso al de persona o agrupación política alguna'».
Pese a las irregularidades señaladas, la ONG aseguró que Murillo acudirá a la comparecencia, en compañía de todo el equipo de Provea, «con la tranquilidad que brinda haber cumplido y seguir cumpliendo nuestro trabajo y con la fuerza moral que brinda saber que defender derechos no es delito y estar al lado de las víctimas, en el terreno y en cualquier circunstancia que nos exija, seguirá siendo nuestro mandato, fielmente cumplido desde hace 36 años».
«Enfatizamos que ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o actos de persecución por parte de las autoridades venezolanas, apartará a Provea de su labor ininterrumpida de acompañamiento a las víctimas, de documentación, investigación y difusión pública de los graves abusos contra los Derechos Humanos en Venezuela. Seguiremos, junto a las víctimas, exigiendo investigación, rendición de cuentas a los responsables de abusos y ayudando a preservar la memoria para avanzar en la construcción de un régimen de derechos que brinde garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en el presente».
Cabello cuestionó la labor de Provea
El 30 de octubre, Diosdado Cabello cuestionó la labor de Provea en su programa televisivo Con el mazo dando. Allí se pronunció sobre la denuncia del presunto asesinato del líder opositor Edwin Santos.
“Van a ser citados al Cicpc los que dijeron que hay testigos (del asesinato), van a tener que llevar a los testigos para que no se cree que aquí perseguimos, yo sé de varias organizaciones y ONG, los vamos a llamar a todos y tienen que presentar sus testigos, unos dicen que fue el Sebin, la Dgcim, la Policía Nacional, pónganse de acuerdo (…) si Provea dijo que tiene testigos, Provea tiene que buscar los testigos, no se tiene que esconder que son una ONG, ustedes cruzaron la raya, el 28 de julio pasaron la raya, aquí se acabó la mamadera de gallo”, dijo Cabello.
Ante ello, la organización recordó en el texto que ellos documentaron y divulgaron información del dirigente social haciendo eco de las declaraciones públicas de sus familiares a través de un video elaborado por su esposa Loliveth Álvarez y el sacerdote jesuita Gerardo Rosales.
«Luego, la familia de Edwin Santos confirmó su muerte el 25 de octubre, noticia que tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Estos hechos fueron documentados y divulgados por Provea. Desde ese momento, las autoridades han impulsado actos de hostigamiento contra quienes exigen una investigación sobre el fallecimiento del señor Santos», denunció la ONG.
CIDH: Integrantes de Provea se encuentran en una situación de riesgo
Entre 2020 y 2024, la CIDH determinó que los integrantes de Provea se encuentran en situación de riesgo a propósito de sus labores como defensores de derechos humanos en medio de la crisis que atraviesa Venezuela.
En abril de 2024, la CIDH decidió ampliar su rango de protección a todos los miembros de Provea, a quienes considera en riesgo debido a su labor de protección de los derechos humanos en Venezuela.
“La situación de los integrantes de Provea se viene agravando a lo largo del tiempo, extendiendo la situación de riesgo de la coordinación de la institución a todos sus miembros”, señaló el organismo internacional.
La CIDH resaltó: “La existencia y difusión de expresiones estigmatizantes y peyorativas por parte de autoridades estatales en contra de personas defensoras de derechos humanos contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad”.