VENEZUELA

Control de las redes sociales durante la campaña electoral: las dudas que generó el anuncio

por Avatar Erika Hernández

El chavismo informó el miércoles que planea vigilar el contenido que se publique en las redes sociales durante la campaña electoral que inicia este jueves y que culmina el 18 de noviembre, un anuncio que generó dudas y que reanudó el debate sobre un posible control mucho mayor en el futuro.

«Estamos planteándonos desde el ministerio crear un equipo de vigilancia sobre lo que corresponde a las redes sociales. Las nuevas tecnologías, que están planteadas en el Reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE) como espacios a ponderar dentro de esta campaña, tienen para nosotros un papel importante que jugar en esta contienda», dijo Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación de Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron luego de que Ñáñez se reunió con el presidente del CNE, Pedro Calzadilla.

El CNE introdujo en su normativa de campaña a las redes sociales. De acuerdo con el nuevo reglamento, los candidatos, organizaciones con fines políticos y las alianzas, así como las organizaciones indígenas, deberán suministrar al ente electoral una lista de las cuentas de redes sociales y sitios web que usarán para hacer propaganda política.

En una entrevista a EFE, Picón explicó que la decisión de incluir a las redes sociales en la normativa de campaña y propaganda electoral para los comicios regionales y locales de noviembre responde únicamente al reconocimiento de la realidad.

«En Venezuela, hoy en día, prácticamente no hay medios impresos y la gente, un porcentaje importante, quizás no todos los días, pero con frecuencia, llegan a WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook y también se informan de los portales que hay en la web y lo que se está es reconociendo esa realidad», señaló.

La normativa establece que la propaganda que se difunda a través de las plataformas tecnológicas debe atender los principios que se disponen en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, así como el reglamento general.

Aunque Picón y la asesora del CNE Ana Julia Niño descartaron que la decisión represente una amenaza a la libertad de expresión, el reciente anunció de Ñáñez despertó recelo, ya que se trataría de otra vigilancia hecha directamente desde el Ministerio de Comunicación.

Ñáñez dijo que «garantizar la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es mucho más complejo que darle simplemente voz y visibilidad a las diferentes propuestas, a los diferentes discursos y a las diferentes opciones; también tiene mucho que ver con la veracidad y con la oportunidad de que esto verdaderamente llegue al pueblo venezolano».

¿Cuál será el alcance de la medida?

El ministro aseguró que la medida se enmarca en la nueva normativa del CNE, sin embargo, la propuesta del ente deja claro que el control recaerá sobre las redes sociales de candidatos, partidos y organizaciones exclusivamente, algo que el funcionario no aclaró, dejando en el aire qué redes piensan vigilar y qué contenidos se consideran censurables.

Quedan también dudas sobre cuál sería el alcance de esta vigilancia, y si se incluiría también a medios de comunicación o periodistas en esta regulación.

«¿Sería capaz de evaluar de forma cuantitativa el impacto de redes de cuentas similares a bots que manipulan plataformas con spam?», preguntó la cuenta de Twitter Cazadores de Fake News.

El observatorio digital ProBox alertó que la propuesta podría conllevar a más persecución política.

«Alertamos sobre la propuesta del Ministerio de Comunicaciones de un equipo de vigilancia para monitorear las redes sociales, excusándose en la campaña electoral. Estas acciones se han traducido en un aumento de persecución política y censura en países como Cuba y Nicaragua», señaló la organización en Twitter.

Cuba, principal aliado del gobierno de Maduro, tipificó delitos como los de «subversión social» y difusión de noticias falsas en Internet, así como el ciberterrorismo, en su primer reglamento de ciberseguridad publicado en agosto

Chavismo prometió regular las redes sociales

El chavismo ha insistido desde 2017 en la regulación de las redes sociales. Trabaja, desde entonces, en una ley que prohíba lo que el poder considera crímenes de odio.

La Asamblea Nacional electa en 2020 desarrolla desde hace un tiempo una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que incluirá una regulación sobre las redes sociales. También han prometido aprobar una Ley del Ciberespacio.

En varias ocasiones Maduro ha insistido en incluir “regulaciones bien estrictas” sobre las redes sociales, aunque la comisión de la AN que se encarga de este tema nunca ha detallado cuál sería el verdadero alcance de este control.

El oficialista ha acusado a Facebook e Instagram de convertirse en los grandes medios de comunicación que se utilizan para “intereses y caprichos” antinacionales.

“Les pregunto: ¿qué ley regula a Facebook, a Instagram? Es una pregunta inocente. Con la nueva era hegemónica los países han perdido la posibilidad de gestionar de manera autónoma y soberana con base en la ley las grandes redes sociales, que son los grandes medios de comunicación, y son utilizados para intereses y caprichos antinacionales”, manifestó el 28 de junio.

Persecución en redes sociales

El gobierno de Maduro ha usado a las redes sociales para perseguir y arrestar a quienes difunden críticas o información en sus cuentas.

Un usuario de Tiktok fue arrestado por criticar a un cantante afecto al chavismo. Algo similar le ocurrió a la escritora Milagros Mata Gil, detenida junto a su esposo, el poeta Juan Manuel Muñoz, por difundir un artículo crítico contra el fiscal general, Tarek William Saab. Esto solo por mencionar a algunos de los afectados.

En esos casos se aplicaba la Ley contra el Odio, aprobada por la desaparecida asamblea nacional constituyente y rechazada por numerosas asociaciones.

Esta ley incluye descripciones genéricas, vagas o imprecisas de lo que puede constituir delito, lo que hace que cualquiera pueda ser susceptible de ser sancionado, alertó en julio Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público.