Control Ciudadano advirtió que la ley de cooperación internacional que pudiera aprobar la Asamblea Nacional de 2020, es una amenaza para la libertad de las personas que forman parte de las ONG en Venezuela.
«Es una amenaza a la vida y libertad de los integrantes de las ONG en Venezuela… Su aprobación seria un paso más en la criminalización del derecho a la participación de la sociedad civil organizada», expresó la organización, reseñó Efecto Cocuyo.
Estas afirmaciones se basan en el artículo 26 de la propuesta que otorga poder al Ejecutivo para que, a través de organismos administrativos o financieros, elimine a las organizaciones que considera están promoviendo la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela.
“El Artículo 11 otorga al Ejecutivo Nacional la facultad de crear un órgano técnico especial encargado de la captación, prestación y administración de recursos que provengan o sean destinados a actividades de cooperación internacional. Este control legitima la disposición de los fondos de las organizaciones y su adjudicación a discreción”, alertó por su parte Foro por la Vida en un comunicado.
Consideraron que esta ley cercenará la actividad de las organizaciones, lo que significa privar a las víctimas de derechos humanos y los sectores más vulnerables «del alcance de la justicia, reparación y solidaridad».
«El proyecto de ley es una reedición de la tesis del enemigo interno que despoja a la población venezolana de los recursos y mecanismos de protección internacional en medio de la emergencia humanitaria compleja», agregó.
«Las ONG deben rendir cuentas»
Voceros de la comisión de Política Exterior de la AN que promueven la controversial ley argumentan que todas las ONG en el país «deben rendir cuentas y no pueden pedir sanciones”.
Pese a ello, niegan que el objetivo sea criminalizarlas.
Provea alertó el miércoles que la AN de mayoría oficialista, estaría buscando ilegalizar las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la sociedad civil con la aprobación de esta ley.
Tal como ocurrió recientemente en Nicaragua, donde se han proscrito decenas de ONG por supuesto financiamiento ilícito.
Provea cree que al ser aprobada esa ley se estaría «profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional», elemento importante para continuar con su trabajo.
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