La ONG de Venezuela Control Ciudadano afirmó este jueves que creció el tamaño de la estructura burocrática militar. Esto ha llevado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a «exceder» sus competencias constitucionales de resguardar la seguridad y defensa del país.
«Cuarenta y cuatro son las empresas militares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles, adscritas actualmente al Ministerio de Defensa, de acuerdo con la información recabada y sistematizada», explicó la organización en un comunicado de prensa.
Asimismo, dijo que se crearon dos «zonas económicas especiales militares» que complementan «por ahora» el portafolio de empresas castrenses, todas gestionadas «con opacidad».
«Se desconoce el estado de funcionamiento de las mismas. Pues no son públicos los estados financieros, la memoria y cuenta de ninguno de los 44 entes de diferente naturaleza jurídica», añadió.
Control Ciudadano afirmó que las Fuerzas Armadas han incursionado en sectores de producción, procesamiento y distribución de productos agropecuarios, banca y finanzas, gas y minería, construcción y manufactura, agua mineral y agua purificada, productos textiles, ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, electrónicos, producción de programas de televisión, entre otros.
Sin embargo, añadió, el crecimiento de la «burocracia» y empresas militares no ha garantizado la cobertura de los requerimientos de la propia FANB.
«A pesar de la proliferación y competencias asignadas, no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB. Ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la nación, o aumentado el apresto operacional de los componentes armados», indicó.
Compañías
La organización denunció que algunas de esas empresas, como la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) y la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A., (Emasproforn) realizan actividades que son «incompatibles con el resguardo del medioambiente».
Subrayó que las competencias que tienen asignadas en «muchos casos» se solapan. En otros ejercen funciones inconstitucionales porque son incompatibles con las que tiene atribuidas la FANB.
«En el caso concreto de Camimpeg y Emasproforn con funciones de explotación ambiental irreconciliable con la función de guardería ambiental que tiene asignada la institución militar», expuso.
La ONG exhortó a realizar una auditoría y rendición de cuentas sobre la gestión de las empresas militares y «acciones urgentes» para la preservación del medioambiente.
“Es urgente una auditoría del entramado de empresas militares. Pero, además, la disolución de la mayoría, con una reingeniería organizacional que ajuste sus actividades a la ley y oriente sus funciones actuales, hacia los sectores públicos o privados que corresponda, salvaguardando el patrimonio público y propiciando la transparencia y rendición de cuentas», puntualizó la ONG.