La ONG venezolana Control Ciudadano informó este lunes que 73 ciudadanos fueron abatidos por funcionarios de órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), durante noviembre, reseñó en un comunicado de prensa.
«Solo en el mes de noviembre de 2021, Control Ciudadano contabilizó 73 ‘abatidos’ en manos de órganos de seguridad del Estado y la FANB, en operaciones en 13 entidades regionales del país», dijo la ONG.
De acuerdo con la organización, Sucre, en el oriente del país, es la región de mayor incidencia con 23 «abatidos», 22 de ellos «presuntos integrantes de la banda Tren del Llano», que resultaron muertos en el marco de un operativo efectuado a partir del 7 de noviembre pasado», en acción conjunta de cuerpos policiales y militares.
En la lista siguen los estados Zulia con 12 «abatidos»; Monagas, con 7; Miranda, Portuguesa y Caracas, con 6 cada uno; Aragua y Bolívar, con 3 en cada región; Carabobo y Barinas, con 2 cada uno, y Falcón, Guárico y Táchira, con 1 registro en cada estado.
Ejecuciones
Control Ciudadano aseguró que «la mayoría» de estas muertes pueden ser calificadas como «ejecuciones extrajudiciales, con la presunción de la violación del derecho a la vida, la integridad personal y el debido proceso».
Además, destacó que «ninguna mujer aparece en el registro»
La presidenta de la ONG, Rocío San Miguel, aseguró que «la práctica de ejecutar presuntos delincuentes se ha convertido en una política de Estado» en Venezuela, según dice el comunicado.
Indicó también que «la regla de empeñamiento de las fuerzas de seguridad de Estado y de la FANB en procedimientos de seguridad parece ser ‘disparen a matar’, lo cual no es solo violatorio de la Constitución, sino que además aumenta los niveles de violencia en la sociedad».
La ONG hizo un llamado al Ministerio Público para que en todos los casos de «abatidos» en procedimientos realizados por órganos de seguridad del Estado y componentes de fuerzas militares «se adelanten las investigaciones correspondientes que permitan determinar responsabilidades de ser el caso, estableciéndose un fondo financiero que permita reparar a las víctimas».
En octubre, Control Ciudadano recordó que «es importante» que «se determine la responsabilidad de los superiores», tanto civiles como militares, frente a los crímenes y violaciones de derechos humanos previstos por el Estatuto de Roma.