La asociación civil Control Ciudadano fijo posición sobre la creación de la Comisión para la Reparación de Víctimas de delitos contra los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020.
Comisión para la Reparación de Víctimas
Consideró, al respecto, que la creación de la comisión evidencia el fracaso de las instituciones existentes en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.
Así mismo, denunció que la conformación de a comisión solapa las competencias de otros órganos del Estado. Y advirtió que sin autentica independencia de los miembros, se convertirá en un «apéndice» del Ejecutivo.
«Sin independencia de sus integrantes, la Comisión de Justicia y Reparación será un apéndice del Ejecutivo», indicó.
Gaceta oficial
«Finalmente, ha circulado la Gaceta Oficial (N° 6.678 Extraordinario del 27 de diciembre de 2021) que contiene la Ley que crea la Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los Derechos Humanos (Comisión de Justicia y Reparación), aprobada recientemente por la Asamblea Nacional». Así lo precisó Control Ciudadano este 7 de octubre.
Y explicó que dicha comisión tendrá una vigencia de dos años, prorrogables. Y estará integrada por siete comisionados, designados por la Asamblea Nacional de 2020.
«La Ley prevé que tres comisionados sean designados por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad. Dos comisionados deben ser parte de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia. Y los otros dos comisionados, deben ser diputados de la Asamblea Nacional», expuso.
Secretaria
De la misma manera, la asociación civil mencionó que la ley prevé que este órgano colegiado, cuente con una Secretaria Ejecutiva, con lo que denominó «auténticas supercompetencias», entre las que destacan las siguientes:
- Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.
- Realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar.
- Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.
Fracaso de las instituciones existentes
A todo ello, Control Ciudadano insistió en que la creación de una Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.
«Además, sus funciones solapan competencias de otros órganos constitucionales de Estado, pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del Ejecutivo nacional; frustrando nuevamente la esperanza de justicia, verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos», advirtió.
Ejecutivo
«Una Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los Derechos Humanos, solo será legítima en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo», finalizó.