La ONG Control Ciudadano informó este jueves que durante enero de este año 106 ciudadanos fueron asesinados por funcionarios de organismos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 17 estados del país.
«Más de tres personas fueron asesinadas diariamente por cuerpos de seguridad del Estado en presuntos enfrentamientos», indicó la organización en un comunicado de prensa.
Añadió que Venezuela «parece avanzar» en el desarrollo de una «política de seguridad ciudadana, en la que prefiere ‘ejecutar’ presuntos delincuentes, antes que procesarlos y reinsertarlos en la sociedad».
Control Ciudadano explicó que los 106 «abatidos», los cuales son «justificados» por el Estado venezolano, se trata -en su mayoría- de casos de «ejecuciones extrajudiciales», con lo que se violan los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso.
La ONG indicó que los estados con más casos fueron Zulia y Aragua con 18, seguido de Yaracuy con 13, Miranda con 10, Carabobo con 9, Monagas con 7, Bolívar con 5, Barinas y Trujillo con 4, Caracas, Anzoátegui, Vargas y Guárico con 3, Falcón y Portuguesa con 2, Nueva Esparta y Sucre con 1.
Según sus datos globales, que no detallaron por regiones, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tiene el mayor número de asesinados, con 22; seguido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) con 21 y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 19.
«En el análisis de los datos procesados, también aparecen las policías estatales de Carabobo, La Guaira, Yaracuy, Zulia y Trujillo involucradas en procedimientos de ‘abatidos’ en enero de 2022, tras presuntos enfrentamientos», subrayó.
La organización hizo un llamado a la Fiscalía General de Venezuela para que en todos estos casos, en procedimientos realizados por organismos de seguridad del Estado y la FANB, se adelanten investigaciones que permitan determinar responsabilidades.
Igualmente, exhortó al ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, a que haga una revisión «urgente» de las reglas de enfrentamiento que están siendo empleadas por los cuerpos de seguridad y que explique al país las razones del «peligroso aumento del número de ‘abatidos’, como resultado de la política de seguridad ciudadana».