VENEZUELA

Consulta popular en Miranda: oposición denuncia ilegalidad y la rechaza

por Avatar Emely Marcano @Emely_MR

La consulta popular sobre los recursos en el estado Miranda que realizará bajo denuncias y desinformación, Héctor Rodríguez, gobernador de esa entidad, es un proceso de elección interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, para desviar los recursos de los mirandinos e implantar un Estado comunal de espaldas a la Constitución, señaló Jesús Fernández, concejal de El Hatillo.

Dijo a El Nacional que la consulta anunciada por Rodríguez no cumple los parámetros necesarios para considerarse una elección ciudadana y viola los principios del sufragio contemplados en la Constitución nacional.

«Le vas a quitar dinero a la policía para dárselo al PSUV a través de las comunas. Tú no puedes desviar fondos sobre algo que no es legal», dijo.

Y reafirmó que con esta medida no le estarían quitando recursos a las alcaldías, sino a los funcionarios de Polimiranda que tienen como incentivo el cobro de las multas.

«Héctor Rodríguez, con qué ojos vas a ver a tus funcionarios, que les estás diciendo que les vas a quitar el dinero que perciben de la multa para dársela al PSUV«, denunció.

El funcionario manifestó que la consulta es algo político. «Están activando su maquinaria electoral, preparándose para unas futuras elecciones parlamentarias o presidenciales», afirmó.

Aseveró que el discurso del oficialista cambió dramáticamente. «Él se está preparando para ser un candidato del PSUV», indicó.

Las comunas y los consejos comunales no encajaron

Como exige la Constitución, las comunas fueron rechazadas en 2007 con la reforma constitucional que no aprobaron los venezolanos.

El artículo 345 indica que la iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.

«De todas esas formas de participación ciudadana, la única que rechazaron categóricamente en un proceso electoral democrático fue la comuna y se le dijo que no. Es decir todas las demás están avaladas por la Constitución, esta la consultaron y la rechazaron», recordó.

«Mal pudiera entonces una ley estatal establecer que ahora sí son legales. Una ordenanza municipal no puede convalidar algo que constitucionalmente se dijo que no», señaló.

Fernández dijo que de aprobarse la disposición de partidas sin que la refrenden el Consejo Legislativo y los concejos municipales se fomentará la corrupción en el estado.

«Nosotros no reconocemos esa consulta por estar viciada y ser ilegal completamente de forma y de fondo», afirmó.

Quiénes podrán participar

La consulta popular señala que todos los ciudadanos mayores de 15 años de edad residentes de comunas en Miranda podían ejercer su derecho al voto, como lo establece el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunas.

Sobre la nucleación de centros de votación, el concejal indicó que «no habrá cómo controlar la participación de los votantes. Se prestará para que las personas de otros municipios ajenos al estado Miranda se roten por los centros de votación. Hay un vicio grave en cuanto a la participación o en cómo se puede participar. Es parte de las formas por las cuales este es un proceso ilegal», aseveró.

Alcaldes, concejales y asociaciones civiles vigilantes

Sin embargo, aseguró que todo el estado Miranda, articulado con sus alcaldes, concejales y asociaciones civiles, supervisarán el proceso. «Nosotros no vamos a permitir que Rodríguez diga que miles de personas participaron porque será mentira», señaló.

Aseguró que si el régimen insiste en llevar a cabo este fraude y transfiere dinero de la Gobernación de Miranda a las comunas, estaría incurriendo en el delito de malversación de fondos

A su juicio, le preocupa que esta sea una especie de prueba para las elecciones parlamentarias o cambios de circuitos. Con el objetivo de «probar cuánta gente realmente pueden movilizar».

Alcaldes de oposición y organizaciones civiles llaman a los electores a no participar en la consulta popular, prevista para el 1º de diciembre, que busca aprobar en el estado Miranda la transferencia de recursos recabados a través de multas de la Ley de Convivencia Ciudadana a las comunas.

@Emely_MR