El Consejo Nacional de Defensa Judicial, creado por el presidente interino Juan Guaidó el 9 de este mes, emitió este jueves un comunicado en el que condenó la violación de derechos humanos y los atropellos a las garantías constitucionales de sus miembros por el régimen de Nicolás Maduro.
Señala que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), bajo la dirección de Gustavo Enrique González López, ejecutó órdenes de allanamiento, persecución y hostigamiento a propios y familiares, así como la incautación de bienes a David Natera -secretario del Consejo-, Arghemar Pérez Sanguineti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando, también integrantes del Consejo.
Ante esto, refiere que estas acciones son «un acto de retaliación política contra los miembros del designado organismo de forma constitucional para ejercer funciones de asesoría y control, vulnerando los derechos humanos y constitucionales de sus miembros y familiares, acciones que no responden a la vinculación con delincuencia organizada por parte de sus miembros como pretende hacer ver el régimen para justificar sus acciones».
Asimismo indica que «este amedrentamiento y atropellos» por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro «dejan en evidencia el acoso a las instituciones legalmente constituidas, y en evidencia la manipulación del sistema de justicia y organismos de inteligencia del Estado venezolano al servicio político de los intereses de un régimen de facto».
En el comunicado, el Consejo responsabiliza al régimen por los daños a la integridad de sus miembros y aboga por la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales.
Insta a organizaciones defensoras de los derechos humanos, asi como a gobiernos del mundo, a fijar posición en rechazo a esos hechos.
