Dos influyentes congresistas republicanos estadounidenses estiman que el alivio de las sanciones a Venezuela por parte del gobierno del presidente Joe Biden constituye una recompensa «preventiva» a «un régimen narcoterrorista», en un comunicado publicado este lunes.
El gobierno estadounidense autorizó el sábado al gigante energético Chevron a retomar parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en Venezuela, tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México.
Según el Departamento del Tesoro, Chevron puede retomar en parte las actividades de la empresa de la que es copropietario en Venezuela junto con la estatal Petróleos de Venezuela, siempre que se asegure de que esta «no reciba ningún ingreso de las ventas de petróleo realizadas por Chevron».
- La licencia de Chevron: la respuesta estadounidense a la permanencia de Tareck el Aissami en el Ministerio de Petróleo
- Licencia a Chevron «empodera» a Maduro, asegura senador Rick Scott
Los republicanos de más rango en los comités de Relaciones Exteriores del Congreso, Michael McCaul en la Cámara de Representantes y James Risch en el Senado, lo consideran «una disposición alarmante a ceder a las demandas de los dictadores».
«Estados Unidos no debería recompensar de forma preventiva a un régimen narcoterrorista que tiene un historial de utilizar las negociaciones como táctica para retrasar acciones significativas», afirman.
Medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, estiman fraudulenta la reelección de Maduro y reconocen como «presidente interino» al líder opositor Juan Guaidó, cuya influencia se ha erosionado con el tiempo sin que las sanciones fomentaran un cambio de gobierno.
«Cualquier cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela debe estar supeditado a una transferencia de poder del régimen de Maduro a un gobierno elegido democráticamente», exigen los dos congresistas republicanos.
Ambos temen que el alivio «unilateral» de las sanciones «solo perpetúe la crisis que Maduro ha creado para el pueblo venezolano», cuando unos siete millones de personas ya han emigrado del país, según la ONU.
El acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición permite liberar 3.000 millones de dólares bloqueados por sanciones que irán a un fondo fiduciario para ser destinados a salud y educación, a recuperar la red eléctrica y a atender emergencias generadas por lluvias torrenciales.
Las partes no se pusieron de acuerdo sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales previstas en 2024.