La Conferencia Episcopal Venezolana aseguró estar consternada y adolorida por los abusos sexuales que se cometen en instancias religiosas. Esta posición la asumió este miércoles la Iglesia católica dos semanas después de que The Washington Post publicó una investigación que reveló que sacerdotes condenados en el país por esos delitos presuntamente regresaron al ministerio sin cumplir sus penas.
“Los abusos sexuales constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afectan a los más débiles. Lamentablemente, también miembros de la Iglesia han cometido estos abusos, provocando profundas heridas en la vida de las víctimas”, señalaron los arzobispos y obispos en un comunicado que leyó monseñor Mario Moronta, obispo de la Diócesis de San Cristóbal, en rueda de prensa.
En la investigación, firmada por la periodista Ana Vanessa Herrero y publicada el 21 de junio por el medio estadounidense, se mencionó el caso del cura Luis Alberto Mosquera, quien recibió sentencia en 2006 a más de siete años de prisión por cometer pederastia en Lara. Sus abogados temían por su seguridad y solicitaron la libertad condicional, que le otorgó un juez. De acuerdo con el reportaje, Mosquera está en una iglesia, en el mismo estado, prestando sus servicios.
“Puedo asegurar que el padre (Luis Alberto Mosquera) desde hace algún tiempo, cosa que no ha aparecido en ninguna publicación, ha sido suspendido del ejercicio del ministerio y se le ha retomado nuevamente su proceso de acuerdo con las normas de la Iglesia”, aseguró Moronta, que indicó que la suspensión del sacerdote ocurrió a lo largo de este año, sin precisar la fecha.
“Se realizó todo el proceso judicial y quedó después libre por haber cumplido todas las normas”, expresó.
Moronta, ¿incómodo con la investigación?
Monseñor Moronta, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, se mostró incómodo con la publicación de The Washington Post. En la rueda de prensa, cuestionó con frecuencia las investigaciones y que los periodistas, según su criterio, no desarrollen trabajos relacionados con abusos sexuales en otras instancias. “Venezuela no ha dejado de estar involucrada en este tipo de problemas, que es universal. Aun cuando hay instituciones, profesionales o personas que cometen este tipo de abusos y no son considerados por las razones que sean”.
“Llama la atención que nos investiguen y no investiguen a otros entes. No solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abuso sexual es mayor. Yo no estoy justificando nada, sencillamente asumimos nuestra responsabilidad, pero hay otros lugares y otros ámbitos profesionales donde también se han dado estos casos y nadie dice nada. Cuando se trata de un sacerdote o alguien de la Iglesia asumimos nuestra responsabilidad”, agregó.
“La responsabilidad no es de la CEV”
Explicó que cada diócesis, de acuerdo con el planteamiento jurídico de la Iglesia, es autónoma. “Compartimos informaciones, nos ayudamos mutuamente, pero cuando hay un caso directamente la relación es del obispo con las autoridades del Vaticano”, dijo.
Indicó asimismo que el proceso para que las denuncias sean elevadas a la Santa Sede pueden tomar meses o más tiempo porque se inician procesos y, en muchos casos, se deben verificar los datos de las víctimas y de otras personas.
“La responsabilidad de cada caso no es de la Conferencia Episcopal Venezolana, sino de cada obispo y esto es importante. La Conferencia Episcopal lo que hace es ayudar a través de una comisión, del encuentro y haciendo de puente para una asesoría. No nos toca a nosotros hacer ese tipo de decisión, aconsejamos y pedimos que se realicen los trabajos, y eso va a depender también de la relación con la Santa Sede”, señaló Moronta.
Declaró que cada obispo tiene que comunicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe y que si uno incurre en la omisión existen vías como los Consejos Presbiterales, la Nunciatura o el grupo de personas que conscientemente hace la denuncia.
“En este momento una de las praxis de la Iglesia es que el obispo, en cualquier parte del mundo, que no enfrente los problemas tiene que rendir cuentas al Vaticano, y hay muchas manera de que lo puedan hacer”, manifestó.
Asegura sanciones a violadores
Los arzobispos y obispos aseguraron que la Iglesia en Venezuela ha recibido en las diócesis las denuncias que se le han presentado y que, a su vez, ha procurado las investigaciones y los procesos según la legislación eclesial. Agregaron que se han sancionado sacerdotes y otros miembros de la Iglesia, a quienes se les comprobó la comisión de delitos.
“Los obispos ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos. Al contrario, respetan sus decisiones y han prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia que han sido presentados para ser juzgados de acuerdo con el ordenamiento legal civil”, aseguró.
Monseñor Moronta reiteró que la Iglesia está comprometida en la promoción de la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, así como de protegerlos y ofrecerles ambientes seguros para su desarrollo integral.
Y aseguró que la Conferencia ha emprendido iniciativas orientadas a ofrecer información y formación a los agentes de pastoral sobre la cultura del buen trato y la prevención de abusos. Añadió que constituyeron una Comisión de Prevención conformada por obispos, presbíteros, religiosos y fieles laicos expertos.
Aplicación de nuevos protocolos
El primer vicepresidente de la CEV garantizó que se aplicarán nuevos protocolos en la Iglesia, que consisten en la creación de un ambiente de protección.
“Preparar y formar a las personas que van a atender niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables, incluso dentro de las personas vulnerables se ha abierto el espacio no solo a aquellas que puedan tener alguna discapacidad o algún problema de tipo físico, sino también aquellas personas que pueden ser abusadas por la autoridad. Los obispos y superiores religiosos, cuando tienen que enfrentar estos casos, atienden a las víctimas y se les ayuda en la medida de lo posible”, expresó.
La primera cuestión, indicó, es acompañar a las víctimas y garantizarles la confidencialidad. Incluso a aquellas personas acusadas y que después pueden resultar inocentes.
Puntualizó que entre los protocolos se incluye el trato de los maestros, directivos, sacerdotes y catequistas en las escuelas; en las casas parroquiales no pueden estar menores de edad, salvo que estén acompañados de sus padres y representantes, para garantizar el debido respeto a los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables.
Insistió, una vez más, en que así como se hacen investigaciones sobre la Iglesia, deberían hacerse trabajos que documenten los abusos de autoridad contra los migrantes. “Valdría la pena”, dijo.
Mecanismos para recibir denuncias
“En nuestras diócesis, institutos religiosos, centros educativos y sociales, hemos venido estableciendo mecanismos para recibir las denuncias de presuntos abusos. También estamos actualizando códigos preventivos de conducta y protocolos de actuación para los que prestan sus servicios en el ámbito eclesial. Somos conscientes de que siempre se puede hacer más y estamos dispuestos a hacerlo en sinergia con otras instituciones”, aseguró.
Moronta añadió que en la mayoría de los casos que la Conferencia Episcopal Venezolana ha manejado, y que tiene verdadera seguridad de que se ha cometido un delito, se ha sancionado a los implicados con la separación del estado clerical. Es decir, explicó, ya no pueden ejercer el sacerdocio.
En este momento, indicó, hay un cura en la cárcel por abuso sexual.
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