Más de 100 organizaciones expresaron su condena a la persecución y el amedrentamiento contra Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros del estado Carabobo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, por parte de cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
Indicaron, en un comunicado conjunto, que García ha promovido actividades por la defensa de los derechos humanos y por la reivindicación de los beneficios laborales, de los derechos a la salud y la democracia. Por esos motivos, exigieron soluciones ante instancias jurisdiccionales, legislativas y administrativas y participó en tres huelgas de hambre.
Al enfermero lo detuvo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en 2017. Lo trasladaron a un tribunal militar en Caracas y recluyeron en la cárcel de Ramo Verde, acusado de traición a la patria, rebelión, agresión al centinela y sustracción de armas.
Las autoridades lo liberaron con medidas cautelares un mes y medio después. Y, luego de tres años, el tribunal declaró el sobreseimiento de la causa y declaró su libertad plena.
“A pesar de haber sufrido detención arbitraria, se ha mantenido consecuente con la defensa de los derechos laborales. Junto a organizaciones sindicales y gremiales de la salud y de la educación ha desarrollado actividades formativas e informativas, diseño y activación de planes de movilización por mejores condiciones laborales y la sinceración monetaria”, dijeron las organizaciones y representantes gremiales.
Hechos recientes
En el comunicado se señala que la sede del Colegio de Enfermeros de Carabobo, durante una asamblea extraordinaria, sufrió el pasado 11 de enero un asedio por más de cinco horas por parte de agentes de Inteligencia. Los oficiales, además de fotografiar el espacio y a las personas, grabaron las conversaciones de los asambleístas.
Recordaron, asimismo, que en una marcha de los trabajadores del sector de la salud, el 12 de enero, autoridades de la policía de Carabobo lo acusaron de actuar como un agente político y lo responsabilizaron de dar supuestas desórdenes tras las protestas laborales.
Y, más reciente, el 20 de enero funcionarios del Sebin se acercaron a los alrededores de su residencia en dos camionetas. Estuvieron por al menos dos horas en la puerta de acceso a la casa, un hecho que causó zozobra y malestar a sus familiares y vecinos, según la nota.
“En el marco de las protestas (antes, durante y después) de finales del año 2022 y las de 2023, de manera desproporcionada, a García y a su familia los persiguen agentes de inteligencia sin uniforme y vehículos sin número de placas”, manifestaron.
Destacaron que el activista ha expresado temor por su integridad física y la de sus allegados y por la posibilidad de que lo sometan procesos amañados y penas de prisión.