La comunidad internacional condenó las amenazas de muerte en contra de Delsa Solórzano, candidata a la primaria de la oposición por Encuentro Ciudadano, hechas públicas durante el fin de semana.
La Embajada de Estados Unidos para Venezuela y la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), integrada por 29 organizaciones políticas de 19 países, manifestaron su preocupación por la integridad física de la precandidata presidencial y exigieron una investigación del caso.
«Los ataques y amenazas contra la vida de cualquier candidato presidencial atentan contra la base fundamental de la democracia y los derechos humanos», expresó la embajada norteamericana en su cuenta de X, antes Twitter.
Asimismo, manifestó su deseo de que las investigaciones sobre la amenazas recibidas por la candidata mediante su cuenta de Facebook se realicen «de manera seria y diligente».
Recrudecimiento de la persecución
La UPLA condenó «enérgicamente» las amenazas. Mediante estas, consideró, «los enemigos de la democracia pretenden amedrentar sus legítimos esfuerzos para que la democracia vuelva a Venezuela».
El grupo está conformado por partidos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador y Guatemala. También de Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Mediante un comunicado denunció el «recrudecimiento de la persecución que las fuerzas represivas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro realizan en contra de candidatos opositores como Delsa Solorzano». Estas acciones, afirmó, intentan «evitar a toda costa que los ciudadanos venezolanos tengan opciones electorales legítimas».
La UPLA instó a la comunidad internacional a prestar especial atención a la dirigente opositora en el marco del proceso electoral primario. Sobre todo, continuó, después de que el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros tras un acto político en Quito el 9 de agosto.
«No es posible desmerecer estas amenazas; por el contrario, es necesario redoblar todos los esfuerzos para que estas graves situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro», enfatizó.
Amenazas
El sábado, la líder opositora publicó en X una captura de pantalla con las amenazas de muerte que ha recibido. Estas fueron hechas por un usuario de Facebook identificado como «Danna Valentina» entre el 25 de julio y el 12 de agosto.
«El pueblo venezolano y las fuerzas del ELN van a asesinarte, maldita rata», se lee en uno de los primeros mensajes.
El último mensaje recibido, que encendió las alarmas para que la candidata realizara la denuncia pública, decía: «Ya cayó Fernando Villavicencio, ahora es el turno de Delsa Solórzano, para que les quede claro que el socialismo y la revolución bolivariana de Chávez, Maduro y Diosdado vencerá por siempre».
Al ser una amenaza con «claras motivaciones políticas» y ante la «ausencia de Estado de derecho» en el país, Solórzano afirmó que formulará las denuncias pertinentes ante organismos internacionales.
Investigación del gobierno
Sin embargo, en las últimas horas funcionarios del chavismo, incluido el propio Nicolás Maduro, se han ofrecido a investigar el caso y brindar seguridad a la precandidata.
El primero en pronunciarse fue el fiscal general, Tarek William Saab. A través de X, anunció la designación del fiscal 94 en materia de derechos humanos para investigar las amenazas de muerte denunciadas por redes sociales.
Le siguió minutos más tarde el ministro de Interior, Remigio Ceballos. Ofreció las «capacidades operativas y logísticas» del gobierno para garantizar la seguridad de Solórzano.
El lunes en la noche, durante su programa Con Maduro Más, Maduro respaldó la investigación anunciada por el Ministerio Público. Esto pese a calificar el hecho como un «montaje de gente malintencionada y perversa».
También se desvinculó de estos hechos de violencia. «Nosotros nunca jamás hemos utilizado los métodos del terrorismo, del atentado ni de la violencia para dirimir nuestras diferencias políticas», aseguró.
Ante estas reacciones, Solórzano rechazó que el oficialismo intente utilizar su nombre para justificar «una supuesta existencia del Estado de derecho» ante la comunidad internacional.
«No vamos a estar aquí para andar amparando vagabunderías, ni mucho menos para que se pretenda utilizar nuestro nombre para justificar, tal vez frente a la comunidad internacional, una supuesta existencia del Estado de derecho que en Venezuela no existe», enfatizó en una transmisión en sus redes sociales.