La ONG Una Ventana a la Libertad señaló en su más reciente informe que hasta el 31 de agosto la Comisión para la Reforma del Poder Judicial solo atendió a 21% de la población penitenciaria en todo el país.
Cuando el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación de la comisión, le dieron un plazo de 60 días para acabar con el hacinamiento que existe en los calabozos policiales de Venezuela. Sin embargo, al cumplirse el lapso, la instancia solo había logrado visitar los centros de detención preventiva de 12 estados del país.
Para el 21 de agosto la Comisión para la Reforma del Poder Judicial había otorgado 6.529 libertades, plenas o condicionales, y había trasladado a centros penitenciarios a 1.085 reclusos, según los datos recabados por la ONG.
La comisión continuó trabajando, y desde el 22 hasta el 31 de agosto otorgó 256 libertades plenas y condicionales y trasladó a 576 detenidos a varias penitenciarías del país. En total, atendieron a 8.446 presos, lo que representa 21,80% de la población penitenciaria.
Los diputados, funcionarios del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, y otros organismos gubernamentales que conforman la comisión, visitaron 332 (66,4%) de los más de 500 calabozos policiales que hay en todo el territorio nacional.
“Si queremos acabar el hacinamiento hay que cumplir con las normas y leyes penales nacionales e internacionales. Si no se cumple el debido proceso durante los lapsos correspondientes, no habrá disminución significativa del hacinamiento”, indican en el documento publicado por la ONG.
Una Ventana a la Libertad señaló que las personas que presiden e integran la Comisión para la Reforma del Poder Judicial no están calificadas para abordar el delicado tema, ya que muchos de ellos no son abogados y por lo tanto carecen de formación sobre las tareas que deben realizar.