La oposición venezolana que lidera Juan Guaidó denunció este martes la presencia de unos 1.500 miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorios indígenas del país.
La denuncia la hizo el diputado opositor Romel Guzamana, quien también afirmó que hay grupos irregulares de origen colombiano en zonas del sur y oriente de Venezuela, pues considera que el régimen de Nicolás Maduro «cedió espacios» a «grupos criminales», recoge una nota de prensa de la oposición. Este fue uno de los temas que se discutió en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015.
Entre esos otros grupos armados mencionó a bandas herederas del paramilitarismo y a integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL), una guerrilla que firmó un acuerdo de paz en 1991 y cuyo último reducto opera en la región fronteriza del Catatumbo.
Estos grupos «están principalmente enfocados a economías ilegales, como lo es la siembra de coca, tráfico de combustible, cobros de vacunas en los territorios fronterizos», agregó Guzama.
El legislador afirmó también que estas bandas «quieren tomar el poder» de Colombia y Venezuela y dijo que ambas naciones «sufren día a día las amenazas que llevan al conflicto armado de luchas por la ocupación de ambos territorios».
Asimismo, el diputado Tony Geara indicó que en el estado Bolívar estos «grupos irregulares» actúan bajo la «mirada indolente del gobierno regional y nacional».
«No hay un solo cuerpo policial que le ponga coto a esta situación, ya que al parecer todos son parte del negocio de la minería», enfatizó.
También dijo que el suministro de combustible en esa región es controlado por esos grupos.
La también parlamentaria María Gabriela Hernández señaló que al estado Monagas también han llegado esos grupos, aunque dijo que no sabe si pertenecen al ELN o las disidencias de las FARC.
«La estratégica posición centrooriental con salida al mar por el río San Juan, perteneciente al municipio Bolívar y accesos al mar por el estado Sucre y Delta Amacuro, permitió que autoridades civiles y militares sean complacientes y cómplices para el tráfico de drogas en el estado Monagas», señaló.
En su opinión, esos casos evidencian que el Estado «perdió el control del territorio nacional» y «destruyó» a las Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad.