Aunque el escenario sigue siendo complejo, en el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño creen que el tren para construir una transición hacia la democracia en Venezuela todavía no se ha escapado. De hecho, entienden que noviembre será un mes clave para aterrizar una propuesta que lleve a ese camino.
La idea continúa siendo la misma: que el chavismo y la oposición lleguen a un acuerdo político interno para establecer un gobierno de cohabitación. El presidente Gustavo Petro fue el primero en darle luz pública a esta iniciativa el 15 de agosto; y si bien Nicolás Maduro no la aprobó, Colombia no se la ha replanteado, sino que trabaja silenciosamente para ajustarla.
El presidente Gustavo Petro y el canciller Luis Gilberto Murillo. Foto: Presidencia / César Melgarejo EL TIEMPO
Acuerdo de gobernabilidad
“La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, señaló Petro hace casi dos meses.
Fuentes de Cancillería le dijeron a EL TIEMPO que vienen sentándose con expertos y académicos para diseñar la propuesta. “La meta en Venezuela sería que haya un acuerdo de gobernabilidad con garantías para todos”, comentaron.
Ese acuerdo de gobernabilidad consiste, esencialmente, en que de aquí al 2031 oficialismo y oposición compartan el poder con tres años para cada uno y en seis años haya elecciones transparentes. Todo esto bajo el paraguas del levantamiento de sanciones.
El plan contempla ahora un reto mayúsculo: involucrar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que las partes puedan firmar una declaración unilateral de Estado y sumar los apoyos de Cuba, China y Rusia.
Nicolás Maduro y la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González. Foto: EFE
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, antes radical con el régimen de Maduro, se ha ido volcando hacia esta idea: «La cohabitación es un ejercicio para el cual no he visto prácticamente a nadie preparado en Venezuela. Pero eso lo hace aún más necesario, en el sentido de que implica un ejercicio de diálogo político real, de institucionalidad compartida, de poderes del Estado compartidos», expuso en una columna.
Y agregó: «Compartir el Ejecutivo es complejo y muy difícil. En un esquema de tensión permanente, tiene que estar tan detalladamente regulado que la mejor fórmula sigue siendo la fórmula suiza de sistema colegiado. El ejemplo regional es la Constitución uruguaya del 52».
La abogada Tamara Taraciuk Broner, maestra en derecho, dijo en entrevista con La Nación que una salida negociada hacia una transición democrática es posible si se aumenta la presión internacional coordinada, si la oposición se mantiene unida y si se implementa un programa que contemple reducciones de penas para delitos no considerados crímenes de lesa humanidad.
“El régimen hoy cree que lo que está haciendo es su mejor camino y su mejor alternativa. Y tiene que quedarle claro que todas las opciones que tiene son malas y que esta no es la mejor, tiene costos”, señaló Taraciuk.
En principio, a Brasil y México -los dos países que han liderado junto con Colombia el bloque de mediación, aunque el último se retiró- la propuesta que más les gustaba era la de repetir las elecciones del 28 de julio en una especie de segunda vuelta. Esta idea fue puesta sobre la mesa por Celso Amorim, asesor de Lula da Silva, quien participó en una reunión virtual entre los presidentes de Colombia y Brasil.
El presidente Gustavo Petro junto con otros presidentes latinoamericanos en encuentro con el expresidente de México Andres Manuel Lopez Obrador. Foto: Presidencia
Petro mantendrá el papel de interlocutor
Sin embargo, el gobierno colombiano insiste en la experiencia del Frente Nacional. Y aunque el mandatario colombiano no dio detalles sobre cómo procederá el bloque tras la demarcación de México, se presume que mantendrá el papel de interlocutor tanto con el régimen de Nicolás Maduro como con actores de la oposición.
La llamada pendiente con Maduro, que se intentó realizar a comienzos de septiembre, pasó a segundo plano debido a que, según dijeron a EL TIEMPO, el presidente Petro quiere avanzar primero en otras conversaciones antes de dialogar con su homólogo venezolano. No obstante, no se descarta que esta pueda reactivarse en cualquier momento.
En la agenda internacional que tiene Luis Gilberto Murillo esta semana, la cual incluye visitas a China y Catar con el propósito principal de afianzar lazos de cooperación e inversión, no se descarta que surja el tema de Venezuela. Incluso el Canciller estaría interesado en escuchar experiencias cataríes en mediación de conflictos -el Estado árabe ha ocupado un lugar destacado en las conversaciones entre Israel y Hamás-.
Simultáneamente con estas gestiones, el gobierno colombiano ha optado por mantenerse firme en la exigencia de la publicación de las actas electorales. «Nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento», enfatizó Petro en entrevista con CNN en Español.
Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia
Esta postura, sin embargo, ha provocado de nuevo roces con el régimen. “Ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela, no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema», le dijo el canciller Yván Gil a su homólogo Luis Gilberto Murillo, que reiteró las declaraciones del presidente Petro en un debate de control político en el Senado.
“La realidad es que el régimen venezolano se ha decantado por un ejercicio de mantenimiento del poder a partir de la fuerza y el aparato represor. Ha subido tanto la apuesta que retractarse ya es bastante difícil, echarse para atrás le costaría mucho (a Maduro) al interior de sus propias filas y generaría una fractura dentro del chavismo”, sostiene el investigador Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
El investigador considera que el presidente Petro y la Cancillería no están dimensionando esa intención, por lo que ve poco probable un futuro para la propuesta de cohabitación. Por otro lado, dice, “ceder tres años al oficialismo fracturaría la creencia de la base opositora; por tanto, esta alternativa es fundamentalmente imposible porque tanto oposición como gobierno no podrían justificar un gobierno de cohabitación ante sus propias bases y romperían el apoyo con el que cuentan hoy”, concluye.
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