A dos años del comienzo formal del diálogo entre gobierno y oposición. Muchos analistas afirman que es hora de declarar el proceso como un fracaso.
En un artículo publicado por El País se analiza la pregunta clave del proceso: ¿Cómo puede tener éxito el diálogo si no hay un plan concreto?
A esta interrogante, Geoff Ramsey e Ignacia Ulloa detallan varios aspectos del diálogo tras la suspensión del mismo.
Tras las altas expectativas en el 2021 por el diálogo, el cual tuvo reglas firmadas por ambas partes. El acuerdo contemplaba una serie de pasos para impulsar soluciones integrales para restaurar la democracia en el país.
Para noviembre del 2022 se logró uno de los pasos más importantes de la negociación. Se trataba de un acuerdo para canalizar algunos recursos congelados en el extranjeros.
Estos recursos serían enviados a un fondo administrado por las Naciones Unidas (ONU) y se destinarían a priorizar la atención médica, nutrición y restauración de infraestructuras.
La ONU está solicitando 720 millones de dólares en asistencia en 2023 de los cuales solo el 18% (o 130 millones) ha recibido hasta la fecha. Esto significa que todavía hay millones de venezolanos que necesitan asistencia. Sin embargo, más de ocho meses después, este fondo aún no existe.
Trabas y demora
Este acuerdo fue el primer paso de una serie de negociaciones que se estimaba terminarían antes de las elecciones del 2024. Sin embargo, este acuerdo se quedó estancado.
Después de la firma del acuerdo, el gobierno de los EE UU tardó seis meses en asegurar a la ONU que el fondo podría existir dentro del sistema financiero estadounidense.
Eto minimiza el riesgo de que los acreedores pudieran embargarlo con reclamos legales contra la deuda del gobierno venezolano.
Esto le dio un duro golpe a la implementación del acuerdo y planteó dudas sobre su futuro. Sin embargo, en mayo de 2023, diplomáticos estadounidenses aseguraron a la ONU que la implementación del acuerdo podría avanzar.
Desde entonces, el principal obstáculo para la implementación ha sido la burocracia interna de la ONU. Es comprensible que la organización esté preocupada por el riesgo reputacional de implementar una iniciativa como esta.
La misma genera comparaciones con el polémico Programa Petróleo por Alimentos en Irak. Este programa estuvo plagado de mala gestión y corrupción.
Sin embargo, los estándares de transparencia de la ONU han mejorado significativamente en los últimos años.
Sin excusas
Teniendo en cuenta estos estrictos estándares, y a la luz del interés de ambas partes de avanzar con el marco de la ONU, no hay excusa para la demora. En el texto se afirma que la implementación del acuerdo humanitario solo sirve al interés del gobierno de Maduro.
El gobierno utiliza este retraso para tratar de reforzar su narrativa de que las sanciones son la única causa del colapso económico de Venezuela.
Recomendaciones para el avance
Este es el principal hallazgo del informe publicado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina (AALAC) del Atlantic Council.
En él se estipulan cinco recomendaciones claves para que el gobierno estadounidense y la ONU avancen con la implementación del acuerdo humanitario.
En primer lugar, reconocen que no es necesario que exista el fondo para que el dinero sancionado se canalice a la respuesta humanitaria de la ONU.
El informe asegura que hay grandes cantidades de dinero en activos congelados retenidos en instituciones financieras de todo el mundo.
Estas pueden ser transferidas a los organismos de las Naciones Unidas de manera eficiente y segura. Agregan que es necesario un nivel de coordinación más claro con las múltiples partes involucradas.
Esto incluye los actores políticos venezolanos, los países en los que se congelan los fondos sancionados y las instituciones financieras asociadas.
También se debe alentar a la ONU a aprovechar su éxito en la gestión de fondos fiduciarios de donantes múltiples durante los últimos treinta años.
La Oficina de Fondos Fiduciarios de Socios Múltiples de la ONU actualmente administra cerca de 100 mecanismos de financiamiento común. Estos representan más del 95% de todos los fondos canalizados a través de programas administrados por la ONU.
Afirman que Estados Unidos debe garantizar que los reclamos legales válidos de los acreedores no impidan la asistencia al pueblo venezolano.
Finalmente, afirman que EE UU y los aliados internacionales deben comprometerse con una estrategia de comunicación coordinada. Aseguran que «la ventana del diálogo no se puede dejar abierta para siempre».
«Maduro debe entender que enfrenta costos significativos si se levanta de la mesa, y tanto EE UU como sus aliados deben estar listos para aumentar la presión si es necesario», agregan.