El gobierno de Colombia anunció el cierre de la frontera con Venezuela y otros países desde el 16 de enero hasta el 1° de marzo ante la nueva ola de contagios de covid-19 que atraviesa el país. Sin embargo, los pasos por las trochas continúan abiertos y las bandas criminales que operan en estos sectores han incrementado su poder.
Víctor Bautista, secretario de Frontera y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander en Colombia, dijo al diario La Opinión que es preocupante el manejo criminal que tienen muchos grupos al margen de la ley en las trochas que comunican con el estado Táchira.
Aseguró que desde que la frontera se encuentra cerrada, estas bandas criminales han incrementado las tarifas que cobran a los venezolanos por ayudarlos a cruzar la frontera a Colombia a través de estos pasos irregulares.
“El 14 de marzo se cumple un año de estar la frontera cerrada, pero en la práctica nunca ha parado. Insistimos en que la frontera jamás para y es imposible para cualquier Estado lograr una migración cero, es una realidad y frente a ello no puede seguir existiendo el rapitrocha, la trata de personas, el paso de la gente por esos caminos sin el tamizaje de salud”, según Bautista.
Para poder lograr un mejor control de los migrantes, Bautista destacó que el Estado debería contar con estructuras en las que se pueda recibir a las más de 3.000 personas que ingresan diariamente por las trochas.
“Las opiniones están muy divididas, porque también hay gente que pide no dejar pasar más venezolanos, que están cansados de la inseguridad, pero ellos tampoco están comprendiendo que 40% de la economía de Cúcuta se mueve en torno a los compradores de la frontera y que no se puede dejar quebrar la economía por un capricho político o porque no nos gusta el gobierno venezolano”, agregó el secretario de Frontera.
Los comerciantes que laboran en los estados fronterizos piden abrir los pasos legales para poder mantener la economía a flote.
Bautista destacó que con las fronteras cerradas, los contrabandistas y los ilegales siguen mandando mercancía, cobrando, armándose y matando gente en las trochas.
“Se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite: pasajeros que van hacia el exterior, gente que viene a comprar medicinas y alimentos, visitar un familiar. Hay una gama de tarifas que va desde los 10.000 pesos para los más pobres hasta 500 dólares para el más rico, dependiendo de lo que lleve. Una criminalidad impresionante que se da porque hay muchos grupos criminales que se redistribuyen esa renta, aunque no hay un cálculo de cuánto es lo que recaudan, pero si sabemos que va en aumento fortaleciéndose cada día”, indicó.
Por su parte, alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel, consideró que la apertura de la frontera requiere unas condiciones especiales.
“Aquí deben hacer presencia muchos actores desde los gobiernos Nacional y Departamental, las entidades de salud, fuerza pública y demás que se requiera si el presidente decide abrir nuevamente los puentes internacionales”, señaló.
“Si la frontera vuelve a abrirse, me parece una posición acertada del gobierno, porque se evita esa situación tan difícil que vive la gente en las trochas, debiendo pagar a las bandas criminales por cruzar, por eso el nivel central debe apersonarse más del tema migratorio, un fenómeno que le corresponde”, puntualizó.
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