La Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- considera que las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela no fueron justas, competitivas ni transparentes. El proceso, señaló en un informe presentado el miércoles, estuvo marcado por una serie de irregularidades, restricciones a los derechos políticos y represión estatal.
El documento Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral afirma que esto no solo profundizó la crisis política del país, sino que también representó un hito en la alteración del orden constitucional. Así lo informó la iniciativa La Hora de Venezuela de la plataforma periodística Connectas.
Un proceso viciado desde el inicio
La CIDH señaló que la falta de garantías democráticas estuvo presente en todas las etapas del proceso electoral. Desde el período previo a la votación, el Estado venezolano impuso barreras administrativas y judiciales para impedir la participación de la oposición.
Entre los casos más notorios, en el informe se destaca la inhabilitación de María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras, así como los obstáculos para la inscripción de una candidatura alternativa, como el caso de la académica Corina Yoris.
Además, se impidió la participación de la diáspora venezolana en el proceso electoral, lo que afectó a una población estimada en 5,5 millones de personas. Estas restricciones, de acuerdo con el órgano de la OEA, formaron parte de una estrategia sistemática para reducir las posibilidades de una competencia electoral genuina.
Represión y terrorismo de Estado
El informe advierte que las irregularidades no se limitaron a la estructura electoral, sino que estuvieron acompañadas de una política de represión y persecución contra la disidencia. Durante el período preelectoral y el propio día de la elección, al menos 50 personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de mesas de votación.
Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, dijo a La Hora de Venezuela que el año pasado marcó un punto de inflexión en la represión estatal en Venezuela.
«El miedo se recrudeció y el despliegue intimidatorio se masificó. La persecución no solo se dirigió contra periodistas, sino contra la sociedad en su conjunto», afirmó.
Foto: Yuri Cortez / AFP
A marzo de 2025, según el relator, se normalizó el silencio y se impuso un temor muy alto en la ciudadanía.
Otro de los aspectos más alarmantes señalados en el informe es el uso de la censura digital como herramienta de control social. Se documentaron inspecciones de celulares, revisión de conversaciones privadas en aplicaciones de mensajería y la apertura de procesos judiciales contra personas que expresaban opiniones críticas al régimen.
Se denunció además la cancelación de pasaportes como forma de represalia contra activistas y periodistas.
La CIDH calificó estas acciones de terrorismo de Estado y destacó que las propias autoridades gubernamentales y fuerzas de seguridad fomentaron un clima de terror con declaraciones y publicaciones en redes sociales.
En este contexto, se mencionan asesinatos ocurridos en las protestas espontáneas poselectorales, desapariciones forzadas y miles de detenciones arbitrarias, incluso de menores de edad, así como numerosos casos de torturas y tratos crueles e inhumanos.
El periodismo sobrevive en Venezuela
Pedro Vaca advirtió sobre la difícil situación del periodismo en Venezuela, y la describió como un acto de supervivencia.
«Hoy identificamos más desincentivos que incentivos para ejercer el periodismo. Hay un ambiente de miedo deliberado, con detenciones arbitrarias, cuestionamientos estigmatizantes desde el poder y problemas de sostenibilidad económica. Hacer periodismo en Venezuela demanda niveles altísimos de compromiso y sacrificios enormes», afirmó.
¿Qué recomendó la CIDH?
Ante la grave situación descrita, la CIDH -que promueve y protege los derechos humanos en el continente- insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para restablecer el orden democrático en Venezuela. Entre las principales recomendaciones del informe destacan:
- Publicación de las actas de votación y realización de un escrutinio independiente.
- Liberación de todos los presos políticos.
- Cese inmediato de las detenciones arbitrarias y la persecución política
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