La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toma nota de los recientes anuncios del Estado venezolano sobre la instalación de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el regreso de un equipo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero advirtió que esta apertura «debe estar acompañada de un compromiso real y serio» en la lucha contra la impunidad.
La CIDH aseguró en un comunicado de prensa que para la efectividad de estos esfuerzos, el Estado debe «reconstruir la separación e independencia de los poderes públicos».
Agregó además que la disposición del gobierno a recibir ambas oficinas debe estar acompañada de un compromiso real y serio en la lucha contra la impunidad.
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En el texto recordó que, de acuerdo con un informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una muestra de 183 casos de conductas que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, sólo hubo 12 juicios, es decir, 6%; y en el 52,5% de estos casos el Estado no ha iniciado ningún proceso judicial.
«El principal desafío en la lucha contra la impunidad en Venezuela radica en la cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo. En distintas oportunidades, la CIDH y otros organismos internacionales han denunciado el nombramiento irregular de las personas magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y del titular del Ministerio Público, presiones para decidir casos o cerrar expedientes, alta provisionalidad de jueces y falta de garantías de inamovilidad en sus cargos, admisión de medios de prueba bajo coacción, cambio recurrente de personas fiscales, así como la falta de control judicial y trasparencia sobre sus actuaciones», expresó.
La Comisión Interamericana reafirmó que la impunidad ha propiciado la repetición de violaciones de derechos humanos y ha permitido que en el país se instale una política de represión selectiva dirigida a desalentar la participación política de las personas opositoras o percibidas como tales.
«Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos», finalizó.