La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías especiales sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) y para la Libertad de Expresión (Rele) expresaron su preocupación por el anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) del pago de los salarios al personal docente y administrativo de las universidades públicas a través de la plataforma Patria en lo que constituye una violación de la autonomía de las casas de estudio y los derechos laborales, dijo la organización.
«La CIDH expresa preocupación por el anuncio de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, indicando que el pago de nóminas de docentes y personal de las universidades públicas será a través del Sistema Patria. Este tipo de medidas puede configurar violaciones a la autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas trabajadoras de las universidades públicas en Venezuela», expresó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su cuenta de Twitter.
El fin de semana docentes compartieron en redes sociales un mensaje que les envió la Opsu: «Se informa que a partir de la primera quincena de marzo los pagos de sueldos y salarios del personal de las universidades y entes adscritos se harán efectivo mediante la plataforma Patria».
Profesores, estudiantes, centros universitarios, organizaciones y miembros de la comunidad universitaria rechazaron el lunes el pago del salario a través del sistema Patria.
«Los centros universitarios de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad universitaria que suscriben el presente comunicado rechazan la imposición del Sistema Patria para el pago del personal universitario. La acción constituye un nuevo episodio de la política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela», señaló un comunicado publicado por Aula abierta, organización no gubernamental que trabaja por la defensa de las universidades en Latinoamérica, a través de iniciativas de promoción y defensa de los derechos humanos en el ámbito universitario, especialmente la libertad académica, el derecho a la educación de calidad y la libertad de asociación y reunión pacífica.