La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha observado en las protestas poselectorales espontáneas en Venezuela -desde el 29 de julio- patrones de represión registrados durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014 y 2017. Así lo informó este miércoles Roberta Clarke, presidenta de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos.
Clarke, en la sesión extraordinaria de la OEA sobre Venezuela, destacó que se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos en las protestas provocadas tras el presunto fraude electoral, y en las que han participado ciudadanos de distintos sectores del país, en particular personas que viven en situación de pobreza.
«Estas represiones reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas del 2014 y 2017. Vemos el uso arbitrario de la fuerza, que ha causado pérdida de vidas humanas y heridos; detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas; persecución judicial y hostigamiento hacia personas percibidas como opositores o voluntarios electorales, y censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión», señaló.
La presidenta de la CIDH también puntualizó hechos claves ocurridos en el período preelectoral:
- El régimen intensificó las prácticas coercitivas para obstaculizar la participación política mediante un patrón de coacción dirigido a desmovilizar a la oposición y sus posibles partidarios.
- Impidió la inscripción de algunas candidaturas de oposición, impuso barreras al voto de ciudadanos en el extranjero y denegó la entrada al país de la mayoría de las misiones de observación.
- Intensificó la persecución política, el acoso y las detenciones arbitrarias de líderes opositores, activistas, periodistas. En este contexto, Nicolás Maduro habló de un baño de sangre.
En Venezuela la justicia no es independiente: Clarke
A un mes de las elecciones presidenciales, que se desarrollaron casi con normalidad, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado la actas ni ha suministrado la información necesaria para responder a las denuncias de fraude electoral.
Por el contrario, insiste en declarar ganador a Nicolás Maduro y además se supeditó a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia.
«La oposición política recogió cerca de 80% de las actas a nivel nacional, manteniendo su autenticidad para contar con los sellos, las firmas y los códigos de seguridad correspondientes. De acuerdo con la oposición, estas actas muestran que Edmundo González ganó las elecciones y, para facilitar la verificación independiente de los resultados, la oposición publicó copias de estas actas en los sitios web que han sido objeto de ataques informáticos», destacó Clarke.
Recordó asimismo que la CIDH ha advertido reiteradamente sobre la ausencia de un Poder Judicial independiente en Venezuela y la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia por el régimen de Nicolás Maduro.
Señaló el abuso de la fuerza pública entre el 28 y el 30 de julio contra las manifestaciones e indicó que esto causó la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas jóvenes.
«Una persona murió por balazo en la parte de atrás de la cabeza. La información preliminar señala que 10 de las muertes son atribuibles a fuerzas del Estado, 8 a fuerzas militares, 2 a la policía y 6 a los colectivos que actúan con el consentimiento y la tolerancia del Estado», expuso.
¿Qué ha documentado la CIDH sobre las detenciones forzadas en Venezuela?
Roberta Clarke señaló que la CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones de la libertad personal desde el 22 de julio hasta la fecha. Organizaciones de la sociedad civil, citó, han registrado al menos 1.674 personas detenidas, entre ellas 138 adolescentes.
«La privación arbitraria de la libertad se registra de forma selectiva a través de una estrategia de tensión y criminalización contra aquellos que cuestionan los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral», manifestó.
«La llamada operación tun tun se ha centrado especialmente en los voluntarios electorales y en quienes son percibidos como opositores al régimen, incluidos periodistas, líderes de la oposición, defensores de derechos humanos y estudiantes», añadió.
Dijo asimismo que las personas detenidas en este contexto enfrentan delitos que, además de «tener penas excesivamente altas», atentan contra el ejercicio de la libertad de expresión. Estas acusaciones, menciona la experta, incluyen delitos de incitación al odio.
Escalada de la represión y ataques contra los periodistas
La presidenta de la CIDH advirtió la escalada de la represión y los ataques sistemáticos contra los periodistas en Venezuela, incluyendo la detención arbitraria y la acusación de incitación al odio y terrorismo. «También se han cancelado pasaportes, se han cerrado medios de comunicación, ha habido confiscación de equipos y deportación de personas de prensa», agregó.
El órgano independiente de la OEA también ha registrado el bloqueo de sitios web, sitios sociales, plataformas de mensajería instantáneas, así como el uso de aplicaciones que «incitan a los ciudadanos a delatarse unos a otros», como la aplicación VenApp que, pensada para la gestión de servicios públicos, fue reconfigurada con el objetivo de denunciar a opositores.
El periodismo independiente necesita del apoyo de sus lectores para continuar y garantizar que las noticias incómodas que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy, con tu apoyo, seguiremos trabajando arduamente por un periodismo libre de censuras!
Apoya a El Nacional