La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron los recientes ataques contra periodistas, medios de comunicación y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
Por medio de un comunicado, señalaron que estos acontecimientos contribuyen con el cierre de los espacios democráticos en el país. Por ello, pidieron al régimen de Nicolás Maduro propiciar un entorno libre de hostilidades. También exigieron respeto a las libertades fundamentales de la prensa y los activistas.
CIDH y su Relatoría Especial consideran preocupantes las declaraciones del régimen en las que insinúa que los periodistas en Venezuela son enemigos internos. Las afirmaciones, explicaron, se tornan más agresivas y amenazantes. Con esto el régimen no solo deslegitima su trabajo, sino que también se crea un clima adverso para ejercer su labor, denunciaron.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en Venezuela. Por ello, expresó en el comunicado su preocupación por los ataques recientes contra la prensa y los defensores de los derechos humanos en el país.
Los ataques del régimen
En las últimas semanas, la CIDH y su RELE recibieron reportes sobre allanamientos a las sedes de varios medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y de acción humanitaria.
Se informó sobre el allanamiento a la sede de la organización Azul Positivo el 12 de enero de 2021 por parte de agentes del régimen. Luego del allanamiento a sus oficinas en Maracaibo, se detuvo a cinco integrantes de esta organización quienes continúan privadas de su libertad.
Asimismo, señalaron que el 8 de enero de 2021 funcionarios de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) allanaron, sin orden judicial, la sede en Caracas del medio VPItv.
“Bajo el pretexto de revisar la documentación tributaria de equipos adquiridos a comienzo de los años 2000, los agentes incautaron cámaras, televisores y computadores portátiles. La acción conllevó a que VPItv suspendiera sus operaciones. Ese mismo día, el Seniat interpuso una sanción al diario Panorama por el presunto incumplimiento de deberes formales de leyes tributarias. El medio clausuró por cinco días su sede en la ciudad de Maracaibo”, expresaron en el comunicado.
Por otra parte, la CIDH observó el incremento de discursos estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela.
“Al respecto, el 13 de enero un diputado calificó a organizaciones defensoras de derechos humanos como instrumentos para desestabilizar a los pueblos«, denunciaron.
La Comisión y su RELE también registraron una escalada de estigmatizaciones desde algunas páginas y cuentas oficiales en redes sociales. Los oficialistas tienden a deslegitimar la labor que desempeñan medios de comunicación por recibir recursos de cooperación internacional.
De esta forma, destacaron los ataques contra el medio Efecto Cocuyo, al que calificaron como «info-mercenarios» por recibir financiamiento para operar. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la organización Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Transparencia Venezuela también sufrieron señalamientos similares.
Al respecto, señalaron: “Toda persona tiene derecho a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
El caso Trinidad y Tobago
En el comunicado, además, la CIDH expresó preocupación por la declaración contra los medios de la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, en relación con el naufragio ocurrido entre Venezuela y la isla Trinidad y Tobago.
Al respecto, la ministra expresó: «Se abrió una investigación contra los medios que difundieron información extremista». La Comisión y su Relatoría Especial consideraron que, con este tipo de declaraciones, se crea un doble efecto inhibitorio.
Por un lado, se amenaza con la utilización del derecho penal por difundir contenidos incómodos para el régimen. Por el otro, se insinúa que los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad en lo sucedido por el mero hecho de informar oportunamente.
La Comisión urge al régimen de Venezuela a propiciar un entorno libre de hostilidades, además de exigir respeto a las libertades fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Concluyeron el comunicado recordándole al régimen que es una obligación asegurar el goce de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y de asociación en el país.