El gobierno de Venezuela presentó este miércoles la Ley de Presupuesto para 2023 por un monto de 11.565 millones de dólares, 14% menos que el planteado para 2022, cuyo cálculo se ha visto afectado por la depreciación de la moneda local -el bolívar- frente al dólar estadounidense en los últimos meses.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó en la Asamblea Nacional electa en 2020, de contundente mayoría oficialista, que se requerirán 170.703.382.051 bolívares para el ejercicio fiscal del próximo año. Eso equivale a 11.565.300.274,45 dólares, según la cotización oficial ofrecida hoy por el Banco Central (BCV).
El proyecto de ley lo discutirán los diputados hasta mañana. Lo introdujo el Ejecutivo a mediados de octubre, cuando un dólar costaba 8,30 bolívares. Pero este miércoles la divisa estadounidense se cotiza a 14,76 bolívares, lo que muestra una devaluación de 43,76% en en dos meses.
Rodríguez no explicó si el Ejecutivo espera que el presupuesto que se apruebe en el Parlamento refleje en dólares el monto planteado en octubre (poco más de 20.000 millones). O si por el contrario, se adapte a la variación cambiaria registrada hasta hoy, lo que supone casi 9.000 millones de dólares menos para las arcas del Estado en 2023.
Presupuesto de 2022
A finales de 2021 -cuando Venezuela mostraba los primeros signos de recuperación económica, luego de seis años de recesión-, la AN aprobó un presupuesto para 2022 de 13.457 millones de dólares. Por lo que el monto proyectado para el próximo año representa 14% menos, justo después de que el país acumuló cuatro trimestres de crecimiento en el PIB.
La vicepresidenta indicó que, pese a las sanciones económicas internacionales contra el gobierno, el país ha ido recuperando sus ingresos en divisas, al pasar de 743 millones de dólares en 2020 a cerca de 4.000 millones este año, si bien ese monto equivale a 10% de lo que percibían en 2012.
Detalló que 77% del presupuesto será destinado a la inversión social, una política sostenida por la llamada revolución bolivariana desde hace más de una década, que busca financiar programas sociales de asistencia a las poblaciones más vulnerables.