La Conferencia Episcopal Venezolana calificó de inmoral el llamado a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre cuando los venezolanos enfrentan una profunda crisis económica y de servicios públicos, agudizada por el impacto de la pandemia de covid-19.
«Es inmoral realizar elecciones cuando el pueblo sufre las consecuencias de la pandemia, carece de las condiciones mínimas para su subsistencia, y no existe transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir un proceso electoral».
Así lo manifestaron en un comunicado los arzobispos y obispos que participaron en una reunión de Comisiones Episcopales realizada de manera virtual entre el 13 y el 15 de octubre. Discutieron la dramática situación social, económica, moral y política en el país.
«Son muchos los que se sienten angustiados e indefensos. La Iglesia católica, a través de sus instituciones y parroquias, acompaña de cerca la vida de nuestro pueblo, e intenta suplir sus necesidades prioritarias, desde sus limitadas posibilidades, competencias y permisos que le otorgan», manifestaron.
Advirtieron que el proceso electoral, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política, tiende a agravarla. Asimismo, resaltaron que deben realizarse unas presidenciales porque, consideraron, las de mayo de 2018 estuvieron signadas por condiciones ilegítimas que han dejado al régimen chavista como un poder de facto.
El episcopado venezolano afirmó que tanto el oficialismo como la oposición venezolana no presentan un proyecto país que logre reunir y convencer la voluntad de los venezolanos de vivir en justicia, libertad y paz.
«Venezuela reclama a gritos un cambio de actitud en toda la dirigencia política. El pueblo venezolano exige libertad para reclamar sus derechos constitucionales», subrayó.
«La dignidad de las personas es ampliamente irrespetada en nuestro país y muchas de las situaciones que se sufren constituyen crímenes de lesa humanidad. Es de justicia, por tanto, que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas sean juzgados; y que las instituciones del Estado actúen, conforme a derecho, para que estos hechos abominables no se produzcan de nuevo», agregaron los obispos.