El régimen de Nicolás Maduro declaró el estado de alarma nacional debido a la pandemia y lo ha utilizado como excusa para vulnerar los derechos fundamentales de los venezolanos. El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) asegura que, lejos de atender la crisis, y darle prioridad a la atención sanitaria y condiciones de vida de la población, el oficialismo ha continuado y ha agudizado los sistemáticos patrones de persecución en contra de los líderes democráticos de Venezuela, con el fin de intimidar y ejercer el control total.
El libre ejercicio de los derechos civiles y políticos se ha criminalizado y esto ha incrementado la persecución: el régimen ahora también vulnera derechos como el debido proceso, la participación política, el respeto a la integridad física, la libertad de opinión y manifestación, entre otros.
Esta situación se demuestra en la violencia mediática que se transmite a través del uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas, y el consentimiento del régimen de la creación de grupos irregulares para ejercer actos violentos en contra de la disidencia.
Diosdado Cabello, a través de su programa Con el mazo dando, dio a conocer el plan furia bolivariana y amenazó a la oposición con ir en contra de ellos. A partir del domingo 29 de marzo al menos 13 parlamentarios y más de 20 dirigentes opositores han sido víctimas de intimidación a través de pintas en las fachadas de sus residencias con amenazas e improperios.
Al respecto, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, afirmó: “Estamos viendo una situación como en el tiempo de los nazis que rayaban las casas y los tildaban por determinada situación”.
Desde el inicio de la cuarentena (16 de marzo de 2020) se ha habido la detención, al menos, de 33 presos políticos nuevos.
Cepaz reseñó que en una semana al menos a cinco personas del entorno de trabajo del presidente encargado, Juan Guaidó, detuvieron sin órdenes judiciales. Asimismo, el 29 de marzo arrestaron a Víctor Silo y a Rómulo García, a quienes acusaron de tener armamento y marihuana en su vehículo.
El 30 de marzo apresaron a Andrea Bianchi, novia de Rafael Rico quien, a pesar de haber sido liberada en el mismo día, denunció que fue agredida y amenazada de violarla. Por último, el 2 de abril detuvieron a Demóstenes Quijada y Maury Carrero, quienes fueron acusados de terrorismo, asociación para delinquir, ocultamiento de armas y explosivos y ocultamiento de menor cuantía de drogas.
Es importante destacar que la privación de libertad ha sido sin órdenes judiciales y en algunos casos bajo la excusa de un operativo de chequeo por casos sospechosos de coronavirus en la zona.
Persecución a la sociedad civil
Las personas que son acusadas de no cumplir con el aislamiento social obligatorio o el cuidado y protección sanitaria son detenidas de forma arbitraria sin aplicación correcta de la ley. Se les aplican castigos ejemplarizantes que hacen públicos y que atentan contra la dignidad humana, lo que hace temer que el control social se agudice.
También han criminalizado la defensa de los derechos, la transmisión de información y hasta el cuidado de la atención sanitaria; han sido atacados directamente los defensores de derechos humanos y organizaciones, así como médicos y periodistas.
“Denunciamos y alertamos la agudización de los patrones de persecución política en contra de la disidencia venezolana, la apertura de procedimientos judiciales y detenciones arbitrarias, el uso de medios de comunicación para el hostigamiento y amenazas, el consentimiento por parte del régimen del uso de grupos irregulares para actos de violencia en contra de los líderes políticos de oposición, la destitución de cargos, la persecución a familiares, entre otros”, indicó Cepaz en una nota de prensa.
Por último, la organización exige el respeto al ejercicio de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos humanos de los venezolanos.