La ONG Un Mundo Sin Mordaza indicó en un informe publicado este jueves 19 de noviembre que los ataques, violaciones y restricciones contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en el ejercicio de la libertad de expresión incrementaron durante la pandemia.
Desde enero a julio de 2020 la organización documentó 281 casos, en los cuales se determinaron 623 violaciones a la libertad de expresión.
Advirtieron que en el contexto de la pandemia y el decreto de Estado de alarma, ha servido a las autoridades para hacer uso excesivo del poder y atentar no solo contra los medios y periodistas sino contra ciudadanos que intentan vencer la censura, informar e informarse en el país.
Durante ese semestre aumentaron las detenciones arbitrarias. 48 periodistas, reporteros gráficos, trabajadores de prensa, sector salud y ciudadanos fueron detenidos, en su mayoría por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
La censura aplicada por la régimen de Nicolás Maduro a través de Conatel permitió que 13 emisoras de radio y 2 programas televisivos fueron sacados del aire; 4 canales de televisión sufrieron una suspensión temporal; 17 páginas web y redes sociales fueron bloqueadas; y un servicio de televisión por satélite que cesó sus operaciones en el país.
También registraron 75 casos de intimidación, amenazas, hostigamientos y agresiones contra los trabajadores de la prensa, que consistieron en persecución, retención de equipos y golpes, que afectaron directamente a más de 188 personas. Los actos fueron perpetrados por funcionarios de organismos de seguridad, colectivos armados y adeptos al régimen.
Caso Directv
En otro informe, sobe el cierre de Directv, la ONG denunció que el Estado venezolano ha violado de forma sistemática las obligaciones específicas desarrolladas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de Libertad de expresión, como pluralismo, protección a periodistas, prevención de declaraciones estigmatizantes y la obligación de adoptar las disposiciones en su derecho interno.
Un Mundo Sin Mordaza responsabilizó al régimen de contribuir indirecta y progresivamente al cese de operaciones de Directv en el país, y en consecuencia vulnerando el desarrollo del acceso información a casi la mitad de la población nacional, 13 millones de usuarios.
El cierre de la empresa vino luego de reiteradas intromisiones para la prestación de su servicio, especialmente de órdenes de sacar de su parrilla de programación a determinados canales informativos por transmitir informaciones que no agradaron al régimen.
7 canales internacionales fueron sacados de la parrilla de programación de Directv desde 2014.
La ONG documentó que 94,7% de 439 personas consultadas disfrutaba del servicio antes del cierre de operaciones. Pero debido a la suspensión temporal del servicio se redujo a 83,5%, es decir que 11,2% de los usuarios dejaron de disfrutar del servicio de forma permanente.