El Servicio de Atención Jurídica de Cecodap advirtió de un aumento de 73% de las solicitudes por casos que ponen en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, sobre todo por acoso escolar, abuso sexual y maltrato infantil.
En su página oficial, Cecodap indicó que entre abril de 2022 y marzo de 2023 recibió un total de 854 beneficiarios, de los cuales 106 casos tenían relación con el derecho a la integridad personal, un aumento de 42,45% en comparación con el período anterior.
El acoso escolar estuvo presente en 26 solicitudes (24,54%), abuso sexual, en 22 (18,86%), y maltrato infantil, en 17 (16,03%).
En comparación con el informe de 2022, las solicitudes relacionadas al acoso escolar aumentaron 225%, y los casos de abuso sexual incrementaron 46,6%. Las solicitudes por maltrato infantil subieron 21,42%.
“Por conflictos causados por la propia conducta del adolescente se registraron 14 casos (13,20%), negligencia (8,49%), castigo físico y humillante 14 solicitudes (13,20%) y otras solicitudes como niños en situación de calle, grooming y ciberacoso 6 casos (5,6%). De los datos analizados, 8,19% corresponde a situaciones de riesgo generadas por el propio adolescente (adicciones, conducta impropia y fugarse de la casa)”, dice el documento.
“Se evidenció que la violación a la integridad personal es el derecho más susceptible a vulneración. Además, se observa un contexto de mucha adversidad no solo para los padres, madres y cuidadores, sino también para las escuelas. Lamentablemente, no se disponen de políticas públicas para prevenir y abordar la violencia en estos ámbitos”, agrega el informe.
La organización instó al Estado venezolano a diseñar e implementar políticas públicas que promuevan, difundan y garanticen los derechos de niños y adolescentes, con el objetivo de evitar llegar a situaciones de vulneración.
“Hay que priorizar programas y servicios de gestión de casos y atención psicosocial para los niños, niñas, adolescentes y sus familias, con respuestas institucionales expeditas, efectivas y de calidad”, subraya Cecodap.
Asimismo consideró que el Estado debe disponer de un sistema de datos oficiales sobre las distintas situaciones que afectan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puesto esto “permitiría caracterizar y diferenciar los supuestos de amenazas y violación a sus derechos y priorizar acciones de prevención y atención”.