Mantener los espacios liberados y lejos del control del régimen de Nicolás Maduro. Esa es la consigna para la oposición venezolana y el camino para lograr el cese de la usurpación. Por eso es tan importante que la Asamblea Nacional pueda continuar más allá del 5 de enero de 2021.
“Consolidar la Asamblea Nacional lo que nos va a permitir es fortalecer el liderazgo interno y mostrarle al mundo que estamos unificados en un solo objetivo y una misma línea de acción: el cese de la usurpación”, señaló la abogada Cecilia Sosa Gómez, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la coordinación nacional del Bloque Constitucional de Venezuela.
“Lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos nos van a obligar a entender que la fortaleza de un movimiento para acabar con la usurpación tiene que venir desde dentro del país; tenemos que comprender que lo externo es un acompañamiento, un respaldo, una especie de sociedad para retomar la democracia”, indicó.
Dijo que, más allá de si Donald Trump gana o pierde, hay una chispa de beneficio en lo acontecido: “Todo nos va a obligar a un renacimiento de la Asamblea Nacional, que debe reafirmarse. Los diputados son los representantes del pueblo y ellos, en definitiva, son los que deben exteriorizar todo lo que hagamos dentro”.
Afirmó además que los políticos deberán abrirse más a la sociedad civil para tener un camino sólido a lo interno. “Maduro no va a poder sustituir a la Asamblea Nacional legítima”, recalcó.
«Tenemos que comprender que lo externo es un acompañamiento, un respaldo, una especie de sociedad para retomar la democracia”, indicó Cecilia Sosa Gómez. Foto: Bloque Constitucional de Venezuela
Legitimidad del Parlamento para cesar la usurpación
La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia indicó que no hay ninguna duda sobre la legitimidad del Parlamento, incluso después del 5 de enero de 2021.
“El Bloque Constitucional de Venezuela se ha dirigido a la Asamblea Nacional y le ha señalado que hay un camino que permite legitimar su condición. La fundamentación básica es la ilegalidad de la convocatoria de Maduro”, señaló.
“Es una convocatoria ilegítima, completamente inconstitucional, refrendada por un Tribunal Supremo de Justicia, también ilegítimo, que determinó cuáles eran los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y desaplicó la Ley Electoral en lo que le convenía”, subrayó.
“La Asamblea Nacional tiene que continuar, no solo a lo interno, sino hacia afuera en su interrelación con los países que los han apoyado hasta este momento. La legitimidad se mantendrá hasta que haya elecciones legítimas y libres. Es algo temporal”, indicó.
El Bloque Constitucional de Venezuela propone la Ley para la determinación de los hechos, ya en manos del Parlamento, y la Ley especial de mediación en el marco de la justicia transicional, como parte de un plan de reinstitucionalización del sistema de justicia. Foto: Bloque Constitucional de Venezuela
“Nada es más importante que el rescate de la justicia”
María Luisa Acuña, también miembro del Bloque Constitucional de Venezuela, explicó que la legítima del Parlamento venezolano está sostenida en los artículos 333 y 350 de la Constitución. “Esa es la base del estatuto de la transición”, indicó.
“Maduro es un presidente ilegítimo que pretende hacer unas elecciones fraudulentas, desde antes incluso que ocurran. Todo el proceso ha sido inconstitucional”, subrayó.
Es indispensable hacer que se mantenga viva la representatividad de la soberanía popular, que no haya una disrupción, señaló.
“Nada es más importante que el rescate de la justicia”, aseguró.
“Maduro es un presidente ilegítimo que pretende hacer unas elecciones fraudulentas, desde antes incluso que ocurran. Todo el proceso ha sido inconstitucional”, subrayó María Luisa Acuña. Foto: Bloque Constitucional de Venezuela
El Bloque Constitucional de Venezuela propone dos herramientas en las cuales se debe avanzar aún sin haberse logrado la transición: la Ley para la determinación de los hechos, ya en manos del Parlamento, y la Ley especial de mediación en el marco de la justicia transicional, que forma parte de un plan de reinstitucionalización del sistema de justicia
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